A un niño, parte de un grupo de inmigrantes, le apareció un sarpullido después de cuatro días sin que le dejaran cambiarse la ropa interior. Otro pequeño, aburrido y abrumado por la desesperación, comenzó a golpearse la cabeza. A un menor con autismo y trastorno por déficit de atención no le dejaron tomar su medicamento, a pesar de las súplicas de su madre.
“Escuché a un oficial decir sobre nosotros: ‘huelen a mier–’, y otro agregó: ‘son mier–’”, contó una persona detenida en una declaración presentada ante un tribunal federal.
Entre marzo y junio, abogados de menores inmigrantes recopilaron estos testimonios, y otros de jóvenes y familias detenidas, en lo que describen entornos “con apariencia carcelaria” en distintos puntos de Estados Unidos.
Esto mientras el gobierno de Trump solicitaba a un juez federal poner fin a las protecciones vigentes que garantizan derechos y servicios básicos —como seguridad y condiciones higiénicas— para los niños bajo custodia del gobierno.
La administración argumenta que las protecciones establecidas en lo que se conoce como el Flores Settlement Agreement (el Acuerdo Flores) fomentan la inmigración e interfieren con su capacidad de implementar políticas migratorias. Se espera que la jueza Dolly Gee, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California, emita una decisión luego de la audiencia del 8 de agosto.
Con el acuerdo aún vigente, los menores están siendo retenidos en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que “no son seguras ni higiénicas”, como carpas, aeropuertos y oficinas, durante semanas, a pesar que las reglas de la agencia indican que las personas no deben permanecer bajo su custodia más de 72 horas, según una declaración judicial presentada en junio por abogados de inmigrantes.
Además de oponerse a la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para poner fin al Acuerdo Flores, los abogados exigieron mayor supervisión para los menores en detención migratoria.
“El mayor temor es que, sin Flores, perderemos una línea crucial de transparencia y rendición de cuentas”, dijo Sergio Pérez, director ejecutivo del Center for Human Rights and Constitutional Law, con sede en California. “Y entonces se da una tormenta perfecta para el abuso, la violación de derechos y el tipo de trato que este país no debería permitir”.
Desde 1997, el Acuerdo Flores ha establecido estándares básicos y supervisión para la detención de menores inmigrantes, tras poner fin a una demanda que se extendió por una década en nombre de menores inmigrantes no acompañados a los que se maltrató, manteniéndolos en condiciones inseguras e insalubres, sin acceso a atención médica.
El acuerdo lleva el nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años de El Salvador, quien fue detenida por las autoridades estadounidenses a mediados de los años 80, sometida a requisas, desnuda, y alojada junto a hombres adultos desconocidos para ella.
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El acuerdo estableció normas nacionales para la protección de menores inmigrantes bajo custodia federal, incluyendo el requerimiento de condiciones seguras y sanitarias en los centros de detención, acceso a agua potable, alimentación adecuada, ropa, cama, actividades recreativas y educativas, saneamiento, así como atención médica y de salud mental apropiadas.
Los menores en detención migratoria incluyen desde bebés hasta adolescentes.
En 2015, la jueza Gee dictaminó que el acuerdo también aplicaba a menores acompañados por adultos.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —que incluye tanto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— rechazaron responder públicamente a preguntas sobre la intención del gobierno de poner fin al Acuerdo Flores o sobre las condiciones en las que se encuentran los menores detenidos.
En una presentación judicial de mayo, los abogados del gobierno argumentaron, entre otras cosas, que el acuerdo asigna indebidamente decisiones migratorias a los tribunales en lugar de a la Casa Blanca. La fiscal general Pam Bondi también afirmó que el Acuerdo Flores ha “incentivado la inmigración ilegal”, y que el Congreso y las agencias federales ya resolvieron los problemas que Flores buscaba corregir.
Las instalaciones del ICE “tienen los estándares más altos”, dijo en un correo electrónico Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca. “Son seguras, limpias y albergan a extranjeros ilegales que están a la espera de los últimos procedimientos para ser removidos”.
Abogados de inmigración e investigadores han cuestionado la idea de que el Acuerdo Flores fomente la migración, argumentando que las condiciones en los países de origen es lo que impulsa a las personas a migrar.
Trump no fue el primer presidente en intentar modificar o eliminar el acuerdo.
En 2016, el gobierno del presidente Barack Obama intentó, sin éxito, eximir del Acuerdo Flores a los menores acompañados, alegando que un aumento en la migración desde Centroamérica había saturado el sistema.
En 2019, luego de una política que provocó la separación de familias, el primer gobierno de Trump anunció que reemplazaría el Acuerdo Flores con nuevas regulaciones para ampliar la detención familiar y eliminar los límites de tiempo. Los tribunales también rechazaron ese plan.
En 2024, el gobierno del presidente Joe Biden logró excluir al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del acuerdo, después que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados adoptara algunos estándares de Flores en sus propias regulaciones.
Las denuncias sobre condiciones inseguras bajo el acuerdo son anteriores a la última ofensiva migratoria de Trump. Una declaración judicial de 2019 afirmó que abogados que visitaron dos centros de detención en Texas encontraron al menos a 250 menores —desde bebés hasta adolescentes— algunos de los cuales habían estado detenidos casi un mes. “Los niños estaban sucios y vestían ropa manchada con fluidos corporales, incluida orina”, decía la declaración.
Según informes de prensa, se sabe que al menos siete menores murieron bajo custodia federal entre 2018 y 2019.
En 2023, Anadith Danay Reyes Álvarez, una niña de 8 años, se enfermó y murió luego de permanecer nueve días bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas. Al momento de su detención, sus padres entregaron los expedientes médicos que documentaban su historial de enfermedades, incluyendo enfermedad de células falciformes y una afección cardíaca congénita,. Sin embargo, las repetidas súplicas de su madre para recibir atención médica de emergencia fueron ignoradas.
Su familia presentó una demanda por muerte por negligencia en mayo.
Defensores atribuyen las muertes, en parte, a la prolongada detención en centros cada vez más saturados y a demoras en la atención médica. Las autoridades han dicho que ampliaron los servicios médicos y han reconocido fallas tras las muertes.
Pero, con el esfuerzo sin precedentes del gobierno de Trump por detener y deportar migrantes —incluidas familias—, la amenaza para la salud de los menores atrapados en esas redadas alarma a los defensores de la infancia.
“Muy rara vez hay aumentos en la población detenida sin que se vea una disminución drástica en la calidad de la atención médica”, dijo Daniel Hatoum, abogado supervisor senior del Texas Civil Rights Project, una de las organizaciones que presentó la demanda por la muerte de Anadith.
Informes recientes de supervisores designados por la corte señalan que persisten problemas como la falta de atención médica adecuada, temperaturas extremas, pocas oportunidades de recreación al aire libre, alimentación y vestimenta inadecuadas, y la imposibilidad de apagar las luces para dormir.
Eliminar el Acuerdo Flores implicaría eliminar toda supervisión externa de los centros de detención migratoria por parte de monitores y abogados asignados por el tribunal. El público tendría que depender exclusivamente del gobierno para conocer las condiciones en que se encuentran los menores detenidos.
“Nuestro sistema requiere que haya algún tipo de supervisión del gobierno, no solo del Departamento de Seguridad Nacional, sino en general”, dijo Hatoum. “Sabemos eso. Así que no creo que el DHS pueda supervisarse a sí mismo”.
En los meses posteriores al regreso de Trump a la presidencia, y tras los recortes implementados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, la administración cerró la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, la Oficina del Defensor del Ciudadano para Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y la Oficina del Defensor de la Detención Migratoria, que estaban destinadas a proporcionar una capa adicional de supervisión.
Luego de una demanda, el gobierno de Trump revirtió la decisión y anunció que las oficinas seguirían abiertas, aunque no está claro cómo han sido afectadas por los cambios de política y recortes de personal.
Leecia Welch, abogada del grupo legal Children’s Rights, dijo que el Acuerdo Flores en sí, o los esfuerzos por exigir al gobierno que cumpla sus requisitos, no están motivados por ideologías políticas. También se expresaron preocupaciones sobre las condiciones en estas instalaciones durante la administración Biden.
“Para mí, estos no son asuntos políticos”, dijo Welch. “¿Cómo quiere nuestro país tratar a los niños? De eso se trata. Así de simple. No voy a tolerar que ningún gobierno dañe a niños bajo su cuidado”.
Por Sandy West/KFF Health News
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