El Gobierno de Nicaragua liberó a 56 presos políticos encarcelados tras la represión contra las protestas que desde el año pasado exigen el fin del régimen sandinista.
Entre los excarcelados están los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. También se encuentran los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes un juez afín al presidente Daniel Ortega, había condenado a 216 y 210 años de prisión, respectivamente.
Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; y los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo.
Asimismo, el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente Ortega; el mayor retirado Tomás Maldonado; y el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano.
Otros liberados son los jóvenes afrodescendientes, inculpados por la muerte de un periodista, Glen Slate y Brandon Lovo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares, según indicó el Ministerio de Gobernación en una declaración, en la que explicó que la liberación se dio en cumplimiento de la Ley de Amnistía.
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Las liberaciones se dan tras la aprobación el fin de semana pasado de una ley de amnistía impuesta por Ortega, que ha sido rechazada por la oposición, porque consideran que se trata de un instrumento jurídico para hacer un “borrón y cuenta nueva” tras las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la represión contra las manifestaciones.
El texto ordena a las autoridades cerrar los procesos abiertos contra centenares de opositores, acusados de supuestos delitos ligados al terrorismo y liberar a quienes hayan sido encarcelados por las protestas.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales se trataron de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
“Intentan beneficiar a los implicados en delitos de lesa humanidad. Esta ley produce denegación de justicia a las víctimas y promueve la impunidad”, asegura José Pallais, portavoz de la opositora Alianza Cívica, que guarda cautela tras la liberación de los 56 presos.
“Hay una gran satisfacción y alegría, pero aún faltan más de 80 por liberar”, afirmó. La Alianza cotejaba las distintas listas de reos con organizaciones y el Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas “parapoliciales” con armas de guerra para atacar a civiles.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.