El expresidente argentino Fernando de la Rúa que gobernó el país entre 1999 y 2001, murió este martes 9 de julio a los 81 años de edad en el Instituto Alexander Fleming de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde se encontraba recluido desde el 28 de enero. Su estado empeoró los últimos días como consecuencia de descompensación cardíaca y renal.
La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri quien escribió en Twitter: “Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento”.
Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2019
En los últimos años, el exmandatario radical fue sometido a varias operaciones: en enero de 2016 sufrió una afección en la vejiga. En agosto de 2014, le realizaron una angioplastia y le colocaron dos stents; un mes después, volvió a ser internado en el IADT (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento) para una intervención programada. Ya había sido sometido a prácticas similares en 2001 y en 2010.
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En los albores de 2019, el expresidente volvió a ser noticia por su delicada salud, tras permanecer internado 28 días en el Hospital Universitario Austral de Pilar. El primero de enero fue sometido a una intervención quirúrgica por un delicado cuadro cardiovascular. 27 días después, ingresó al Instituto Fleming para una rehabilitación recomendada por el debilitamiento muscular que le causó la extensa hospitalización. A mediados de mayo, volvió a ser internado en terapia intensiva, por una complicación renal.
Tras una serie de violentas protestas en Argentina derivadas de una grave situación económica y que dejaron unos 39 muertos, De la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001 aunque su mandato debía terminar en 2003.
En 2013 De la Rúa fue absuelto de una acusación por supuestos pagos de sobornos a senadores para la aprobación de una polémica reforma laboral en el año 2000. La Fiscalía argentina había pedido una pena de 6 años de prisión pero luego de un juicio de 14 meses, los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez consideraron que no fue probada la existencia del delito.
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