Estar informado sobre los derechos y deberes en Estados Unidos es fundamental, especialmente para la comunidad inmigrante, que a menudo enfrenta barreras legales, culturales y lingüísticas. Por ello, organizaciones como Mil Mujeres Legal Services se convierten en aliados esenciales.
Con sede principal en Washington, esta organización trabaja con ética, solidaridad y compromiso, brindando servicios legales relacionados con asilo, U-Visa, violencia contra la mujer, T-Visa, visa juvenil, ajuste de estatus, permiso de trabajo, naturalización, DACA y peticiones basadas en la familia. Al mismo tiempo, educa, guía y fortalece a la comunidad.
Para conocer más sobre Mil Mujeres Legal Services y su acompañamiento constante a la comunidad inmigrante, especialmente en los tiempos actuales, su directora ejecutiva, Jhoanna Fonseca, conversó con El Sol Latino Newspaper.
¿Cómo nace Mil Mujeres?
Nace en el año 2007 como una iniciativa de un grupo de jóvenes abogados que, a raíz de la defensa de una inmigrante que solicitaba asilo, se dieron cuenta de la necesidad de prestar servicios legales accesibles, es decir, a bajo costo, a la comunidad inmigrante. A partir de ese momento nació Mil Mujeres Legal Services, una organización que, si bien fue inspirada en mujeres, atiende a toda la población, sin importar su sexo, raza ni edad.
Actualmente, tenemos más de 17 años defendiendo a la población inmigrante en Estados Unidos. Estamos en más de 8 estados y más de 12 ciudades, y atendemos también remotamente y hacemos cobertura en todo el territorio norteamericano.
¿Cómo ha evolucionado el trabajo de Mil Mujeres desde su fundación hasta hoy?
La organización ha evolucionado en base a las necesidades de la comunidad. No bastaba con prestar servicios legales a una mujer que había sido víctima de violencia doméstica, ya que también necesitaba servicios de terapia. Eso nos llevó a ofrecer servicios complementarios, integrales, y a establecer alianzas con organizaciones y agencias a nivel nacional.
¿Qué impacto han tenido las recientes políticas migratorias en la comunidad que atienden?
Creo que el mayor impacto que hemos visto es el miedo. Actualmente, hay menos reportes de violencia doméstica, abuso sexual y otros crímenes violentos, pero no porque hayan dejado de ocurrir, sino porque muchas personas tienen miedo de que, al denunciar, puedan ser deportadas. Temen que la policía cruce información con otras bases de datos y que eso termine en una acción de ICE. Esto sigue siendo uno de los mayores retos, y por eso estamos trabajando con diferentes agencias.
¿Qué cambios urgentes consideran necesarios en la política migratoria para proteger a los inmigrantes?
Creo que es imperativo separar los intereses políticos de los derechos civiles, porque bajo la excusa de la seguridad nacional, se ha disparado el racismo y la inseguridad, y no es que estén ocurriendo menos, sino que la gente se está quedando callada por temor.
Es necesario separar ambas áreas y, a partir de ahí, brindar a la comunidad inmigrante garantías para que pueda acceder a un proceso migratorio justo, que se amolde a sus condiciones, a los aportes que ha hecho al país y a su situación personal.
Es fundamental que, dentro de las políticas migratorias, se prioricen aquellos casos que representen un peligro real para la sociedad, pero no por el hecho de ser inmigrante, sino por ser delincuente. Esto no debe enfocarse exclusivamente en personas inmigrantes, ya que un riesgo puede provenir también de ciudadanos estadounidenses o de personas sin antecedentes judiciales, sin importar su nacionalidad. Eliminar la estigmatización y el racismo es clave para que las políticas migratorias sean realmente justas y efectivas.
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¿Qué mensaje le envías a la comunidad inmigrante?
Mi mensaje es que no crean en todo lo que circula en redes sociales, buscar siempre información en fuentes confiables y, sobre todo, no compararse, ya que cada caso es distinto. Cada situación migratoria es única. Por eso, es fundamental buscar asesoría profesional y confiar en los expertos.
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