El gobierno del presidente Donald Trump implementará una nueva política migratoria que impedirá a los migrantes que ingresaron sin visa a Estados Unidos solicitar libertad bajo fianza, lo que podría traducirse en detenciones prolongadas durante meses o incluso años. Así lo reveló recientemente el Washington Post, citando un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida, que afecta a migrantes que han llegado durante las últimas décadas en su mayoría latinoamericanos que huyen de la violencia, la pobreza o desastres naturales, revoca el derecho a audiencias de fianza ante jueces de inmigración, salvo en contadas excepciones.
Según el documento fechado el 8 de julio y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, los migrantes permanecerán detenidos durante todo el proceso de deportación. A pesar del alto costo de esta decisión, el Congreso ha asignado 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención de ICE durante los próximos cuatro años.
La Constitución de EE.UU. establece que la prisión preventiva debe ser una excepción, garantizando el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, sectores del Partido Republicano respaldan la negación automática de la libertad bajo fianza como una forma de disuadir la migración irregular.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado la medida, argumentando que los migrantes deben tener la posibilidad de presentar su caso ante un juez.
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Trump ha endurecido su política migratoria desde su regreso al poder en enero, sellando prácticamente la frontera con México y desplegando tropas en la zona. No obstante, una encuesta de Gallup muestra un cambio en la percepción pública: el apoyo a la reducción de la inmigración cayó al 30%, y el 79% de los adultos considera que la inmigración es positiva para el país.
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