Una investigación periodística reveló que Estados Unidos ha expulsado a más de 25.000 personas hacia naciones con las que no poseen ningún tipo de vínculo personal ni territorial. La estrategia opera bajo pactos confidenciales establecidos con 35 países en desarrollo desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025.
El informe publicado por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, en colaboración con un consorcio de periodistas internacionales, detalla que hasta el 31 de agosto de 2026 se contabilizaron 25.447 deportaciones efectuadas hacia terceros países. La abrumadora mayoría de estas expulsiones —alrededor de 20.000 personas— tuvo como destino a México, mientras que los casos restantes se distribuyeron entre otros 27 países pertenecientes a América Latina, África y el Pacífico.
Asimismo, la investigación indica que las autoridades estadounidenses lograron concretar acuerdos adicionales con otras siete naciones.
Para viabilizar este esquema, el gobierno estadounidense destinó un presupuesto de 410 millones de dólares. Según los documentos internos del Departamento de Estado citados en el informe, unos 81 millones de dólares de dicha partida fueron canalizados como pagos directos hacia los gobiernos signatarios.
En tanto, la porción principal de los fondos se distribuyó a entidades internacionales; más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones de dólares para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Las negociaciones y transferencias fueron administradas principalmente por la Oficina de Remigración, una división del Departamento de Estado creada en mayo de 2025 bajo la dirección de Christian Jove Ehrhardt.
Paralelamente, una investigación de la agencia AFP señaló que Washington utilizó la suspensión de visados y diversas restricciones hacia países africanos como mecanismo de presión diplomática para obligarlos a recibir expulsados.
Los acuerdos varían ampliamente en sus términos, definiendo nacionalidades específicas e incluso la admisión de individuos con antecedentes penales. Por ejemplo, Palau aceptó recibir hasta 75 extranjeros por 7,5 millones de dólares, habiendo recibido hasta la fecha a tres personas. En Esuatini han ingresado 32 deportados en el marco de un pacto que contempla hasta 160 individuos por una cifra superior a los 5 millones de dólares.
Por su parte, Camerún firmó su memorando en diciembre e inició la recepción de vuelos el 14 de enero, en coincidencia con la asignación de ayuda sanitaria y fondos multilaterales de apoyo.
Te puede interesar:Un tribunal de apelaciones frena las deportaciones a terceros países
Diversos juristas han alertado que los repatriados quedan arrojados a un grave limbo legal, retenidos sin cargos ni derechos en territorios desconocidos.
Ante las severas críticas formuladas por el rol que desempeñan las agencias internacionales, tanto ACNUR como la OIM defendieron su posición argumentando que el uso de los fondos asignados se orienta estrictamente a fortalecer las redes de asistencia, así como a mejorar las condiciones directas de supervivencia de la población migrante impactada.
Noticias Newswire
