Durante los primeros seis meses del segundo gobierno del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 109.000 migrantes, entre ellos cerca de 8.000 ciudadanos venezolanos, según datos oficiales.
La mayoría de las detenciones se registraron en estados del sur y fronterizos con México. Texas concentró casi una cuarta parte del total de arrestos, seguido por Florida (11 %) y California (7 %). Otros estados como Georgia y Arizona también reportaron cifras significativas, mientras que Vermont, Alaska y Montana contabilizaron apenas unas 100 detenciones en conjunto.
De acuerdo con Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) concentra esfuerzos en estados donde existe cooperación entre las autoridades locales y federales, como Texas y Florida. En contraste, estados con políticas menos colaborativas, como California, también presentan altos niveles debido a sus grandes comunidades migrantes.
Las personas detenidas provenían de casi 180 países. México encabezó la lista con cerca de 40.000 ciudadanos arrestados, seguido por Guatemala (15.000), Honduras (12.000), Venezuela (8.000) y El Salvador (más de 5.000).
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Pese al discurso oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que afirma que el ICE se enfoca en “los peores de los peores”, más del 60% de los migrantes deportados no contaban con antecedentes penales. De acuerdo con un análisis de The Washington Post, basado en datos obtenidos por el Deportation Data Project, solo el 41 % tenía condenas previas, muchas por delitos no violentos.
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