Una dosis letal de pentobarbital entró en el torrente sanguíneo del ciudadano mexicoamericano Abel Revill Ochoa, quien fue ejecutado por orden judicial tras ser sentenciado a pena capital tras asesinar en 2002 a cinco miembros de su familia, incluidas una hija de 7 años y otra de 9 meses.
Solo Dios sabe cuáles fueron los últimos pensamientos de este hombre con doble nacionalidad, nacido en Durango, quien hace 18 años bajo los efectos del crack y poseído por pensamientos oscuros, tomó un arma de fuego y disparó contra sus familiares.
De acuerdo a voceros del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), las últimas palabras del homicida múltiple fueron: “Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme”.
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La ejecución de Ochoa fue la segunda del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en EE.UU., de ellos 569 en el estado de Texas.
A Ochoa, de 47 años y nacido en Vicente Guerrero, pero con ciudadanía estadounidense, lo declararon muerto a las 18.48 hora local tras recibir la inyección letal en la prisión de Huntsville, cerca de Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).
Un rastro de sangre
La justicia ordenó poner fin a la vida del homicida mexicano, tras un proceso riguroso que examinó los hechos de un suceso acaecido El 4 de agosto de 2002. Según los registros tribunalicios Ochoa, quien había consumido crack, salió de su habitación pistola en mano y mató a tiros a su esposa, Cecilia, a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses), a su cuñada Jaqueline y a su suegro, Bartolo.
Además, dejó herida de bala a otra cuñada, Alma, también hermana de su esposa, que logró escapar y avisar a la Policía, que lo detuvo minutos después.
Según reconoció durante el juicio, Ochoa empezó a consumir crack dos años antes de los crímenes y con el tiempo se volvió un adicto. Gastaba el dinero del hogar y también sacaba préstamos para comprar la droga.
Consciente de su problema, Ochoa había aceptado la ayuda de su familia para superar la adicción y ese 4 de agosto, un domingo, ya llevaba 10 días sin crack.
Sin embargo, después de ir a la iglesia, su esposa accedió a darle 10 dólares para que comprara y fumara algo de droga y mitigase así su síndrome de abstinencia.
Ochoa consumió la droga en el jardín trasero del hogar familiar en Dallas (Texas) mientras su esposa, hijas, cuñadas y suegro departían y jugaban en el interior. Después fue a su habitación y se acostó un rato en la cama.
Fue entonces cuando salió pistola en mano, según confesó después: “La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá”.
A la pequeña Crystal la mató de cuatro tiros por la espalda mientras corría hacia la cocina tratando de escapar.
Las autoridades detuvieron a Ochoa minutos después en un cajero automático gracias al aviso de su cuñada Alma, tratando de sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.
El trabajo de la defensa
Con los hechos puestos sobre la mesa con gran oficio de la fiscalía, su defensa esgrimió durante el juicio que Ochoa sufrió un delirio inducido por las drogas, argumento que no convenció al jurado, que alcanzó un veredicto de culpabilidad tras deliberar durante menos de 10 minutos.
La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en EE.UU. en una sentencia conocida como “Fallo Avena”.
A los presos beneficiados por el “Fallo Avena” se les violó según la CIJ su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.
Ochoa, sin embargo, quedó fuera de los beneficios del fallo al ser también ciudadano estadounidense y haberse apersonado como tal durante el proceso penal.
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En un comunicado este jueves tras la ejecución, el Consulado de México en Houston sostuvo que su Gobierno “ha manifestado consistentemente su oposición a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.
“En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”, añadió.
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