La titular de la Secretaría de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, manifestó que el país azteca no se convertirá en una tercera nación segura ante la posible ola de migrantes deportados de Estados Unidos, cuando Donald Trump tome posesión como Presidente, el próximo 20 de enero.
El gobierno mexicano ha dicho en diferentes ocasiones que se hará cargo de los connacionales que sean repatriados, pero no de los migrantes de otras nacionalidades, pues deberán realizar primero el proceso de asilo y esperar a que se resuelva dicha solicitud.
El pasado 3 de diciembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno se estaba preparando para recibir a miles de mexicanos que viven en Estados Unidos en caso de que Trump materialice su objetivo de llevar adelante deportaciones masivas.
Este jueves 12 de diciembre, en el marco de una reunión de trabajo con los integrantes de distintos partidos de la Comisión de Gobernación del Senado mexicano, Rodríguez subrayó que el Gobierno de México ya cuenta con una estrategia de recepción ante la inminente repatriación de mexicanos deportados de Estados Unidos.
“Ante la inminente repatriación de mexicanos que hoy viven, trabajan, estudian y que están con su familia o con amigos en Estados Unidos, el Gobierno de México cuenta con una estrategia de recepción de connacionales para garantizar sus derechos humanos, brindarles apoyo y opciones de desarrollo a su llegada”, dijo la funcionaria.
Rodríguez, quien trabajó en la administración del expresidente Andrés López Obrador (2018-2024) como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el Gobierno mexicano “hará todo lo posible y más por mantener siempre un diálogo con las autoridades de Estados Unidos”, como se ha hecho en anteriores administraciones, y especialmente en la anterior administración de Trump.
“Les dijimos a los senadores que los mexicanos en el exterior no están solos, donde quiera que se encuentren, cuentan con el respaldo y la protección del Gobierno de México”, acotó.
El pasado 26 de noviembre, Tom Homan, considerado el “zar de la frontera” del próximo Presidente estadounidense, aseguró que ya planean las deportaciones masivas para que comiencen el 20 de enero.
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Organizaciones en defensa de los derechos humanos y activistas en Estados Unidos rechazan los planes de deportación masiva de Trump y advierten sobre las repercusiones humanitarias y un impacto negativo en la economía del país norteamericano.
Una acción de esta magnitud podría provocar una caída del producto interior bruto (PIB) anual de entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales, según un informe de la organización American Immigration Coalition.