México y El Salvador dieron el primer paso del proyecto de cooperación y desarrollo para Centroamérica, una estrategia basada en la inversión y el empleo con la que el Gobierno del mexicano Andrés López Obrador pretende retomar el liderazgo en la región y a la vez compensar los recientes compromisos adquiridos con Washington, que significan más mano dura en los controles migratorios de su frontera sur.
El arranque del plan auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del que forma parte también Estados Unidos tuvo como escenario Tapachula, uno de los puntos fronterizos con mayor afluencia de entradas y donde México concentra gran parte de su aparato migratorio, incluido el último despliegue de la Guardia Nacional.
En ese terreno simbólico firmaron un primer acuerdo López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, por el que México invertirá 30 millones de dólares de manera inmediata, ampliables hasta 100 millones a lo largo del todo el recorrido del programa. El compromiso alcanzado prevé la creación de 20 mil empleos en El Salvador a través de un plan de fomento de la agricultura que ya está operativo en el sur de México.
A diferencia de otros programas de cooperación internacional, como el caso del Plan Mérida con Estados Unidos, no se conocen los controles de evaluación o seguimiento que vayan a tener las medidas ni los planes de inversión previstos.
“Vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos”, anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien encabezó la delegación mexicana que ha estado negociando escalonadamente con Washington los nuevos términos de su política migratoria.
El último episodio fue la fuerte crisis diplomática de hace dos semanas, provocada por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en caso de que no implementara más mano dura en su frontera sur.
El acuerdo final que desactivó temporalmente el peligro comercial pero que está sometido a evaluaciones periódicas por parte de ambas partes, ha sido vendido como una victoria política en México. Entre las concesiones que se han conocido del pacto, el Gobierno de López Obrador ha tenido que encarpetar su política inicial de visados de empleo y residencia, endurecer los controles y registro de los migrantes y desplegar 6 mil miembros de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militar creado por el Gobierno de Morena para labores de seguridad civil.
Desde enero 14 mil migrantes centroamericanos han sido trasladados a México mientras esperan la resolución de su asilo en Estados Unidos, otro de los compromisos aceptados por el Gobierno mexicano.
La crisis diplomática evidenció el choque entre las secretarias de Exteriores, que encabezó las negociaciones, y la de Gobernación, de quien penden orgánicamente las competencias en migración, hasta el punto de provocar la dimisión del director del Instituto Nacional de Migración.
Con unos recursos y unas instituciones desbordadas desde la crecida de los flujos migratorios de finales del año pasado, las nuevos compromisos con Washington presionarán aún más la capacidad el aparato migratorio mexicano. Su nuevo director, Francisco Garduño, anunció el viernes que se han cubierto 650 nuevas plazas en la frontera sur para afrontar el desafío.
El pacto alcanzado hace dos semanas también recoge la implicación de Estados Unidos en el plan de cooperación y desarrollo inaugurado este jueves, la gran ganancia diplomática con la que México busca exprimir todos los réditos posibles.
“Estados Unidos reitera su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover los objetivos del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica”, reza el texto, como se encargó de enfatizar el canciller mexicano a petición del López Obrador durante el acto del jueves.
Estados Unidos se comprometió en diciembre a invertir 10.600 millones de dólares, repartidos casi a la mitad entre el sur de México y Centroamérica. El plan marco diseñado por la CEPAL para un plazo de cinco años y que prevé también una inversión mexicana de 25.000 millones de dólares en el sur del país, tiene cinco grandes columnas en forma de proyectos de infraestructura.
La primera es una planta eléctrica en Puerto Cortés (Honduras), con una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares. El segundo es ampliar la red eléctrica de Centroamérica y México, una obra valuada en 300 millones de dólares. El tercero es extender la red carretera en la frontera mexicoguatemalteca.
Se plantea también construir un gaseoducto de 940 kilómetros con un costo estimado de 950 millones de dólares, que conecte el golfo de México con San Pedro Sula, el polo industrial de Honduras. Otra posibilidad es extender hacia Centroamérica el Tren Maya, una de las grandes apuestas de la Administración de López Obrador, que implica de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de inversión solo para el tramo mexicano.
El golpe
En un momento del encuentro entre los dos mandatarios, López Obrador golpeó accidentalmente a Bukele.
El momento en cuestión tuvo lugar cuando, en cierto punto de la visita, que tenía como motivo la firma de un acuerdo agrario entre ambos países, López Obrador tiró bruscamente del brazo de Bukele para posar ante los fotógrafos, lo que resultó en un golpe accidental en la cara del salvadoreño.
Mientras que López Obrador ignoró por completo el golpe, Bukele en Twitter bromeó a posteriori diciendo que el mexicano gobernaba con “puño de hierro”.
El accidente entre los dos presidentes no empañó el encuentro en donde ambos se elogiaron mutuamente. Momentos antes, Bukele había destacado de López Obrador que era “un hombre que quiere lo mejor para México y cuyo único interés es dejar un legado”. El mexicano, por su parte, no fue menos y dijo que su homólogo salvadoreño era “un extraordinario servidor público y político”.
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