A sus 15 años, I.B., una adolescente indígena q’eqchi’ de Guatemala, huyó de la pobreza extrema y de los abusos de su padre para buscar refugio en Estados Unidos. Llegó sola en septiembre de 2024, sin documentos ni compañía, y fue acogida por una familia en Connecticut tras ser admitida por la Oficina de Asentamiento de Refugiados (ORR). Hoy teme ser deportada por la Administración de Donald Trump.
“Dejé Guatemala por todo lo que sufría allá (…). Mi padre abusó de mí”, relató I.B. en un documento judicial. En agosto pasado, agentes migratorios la interrogaron sobre si alguien podría recibirla en su país. “Nadie me preguntó si tenía miedo de volver, y sí tengo”, explicó.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, Estados Unidos registró 28,687 menores migrantes “no acompañados”, una reducción del 70% respecto al período previo. Cientos provienen de comunidades indígenas guatemaltecas golpeadas por la violencia y la miseria.
I.B. es una de las menores representadas por el Centro Nacional de Leyes Migratorias, que en agosto frenó la deportación masiva de 76 niños guatemaltecos. Estos menores habían sido trasladados desde albergues hasta el aeropuerto de Harlingen, Texas, para ser devueltos en un vuelo que finalmente fue suspendido.
“Nos dijeron que íbamos a otro refugio. Nos dieron 30 minutos para alistarnos (…). Luego supe que nos llevarían a Guatemala”, contó F.O.Y.P., de 17 años. Los niños permanecieron ocho horas entre buses y un avión que nunca despegó.
Los abogados presentaron un recurso de emergencia ante un juez federal, argumentando que las deportaciones violaban la ley migratoria al no permitir que un juez analizara cada caso. Una jueza detuvo temporalmente el operativo y, en septiembre, el juez Timothy Kelly lo suspendió indefinidamente, cuestionando la legalidad del procedimiento.
Mary McCord, del Instituto para la Defensa Constitucional, calificó la medida como una “victoria significativa” para los menores no acompañados, al establecer que los intentos de deportación sin debido proceso “podrían ser ilegales”.
Según Washington, 327 adolescentes guatemaltecos son “elegibles” para retorno bajo un acuerdo bilateral, aunque Guatemala afirma que el número supera los 600. El juez Kelly señaló que no existen pruebas de que los padres de estos niños solicitaran su regreso, y que el gobierno guatemalteco no ha podido localizarlos.
“Mi familia de acogida me apoya, me siento segura. No quiero volver a Guatemala”, insistió I.B.
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El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirmó que su país “recibirá a todo niño que regrese voluntariamente o por orden judicial”, aunque reconoció el temor de que los menores, al cumplir 18 años, sean trasladados a centros del ICE.
Mientras tanto, decenas de adolescentes como I.B. y F.O.Y.P. esperan en incertidumbre una resolución judicial que podría definir su futuro lejos del país que los vio huir.
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