Amen Brown no imaginó que las estridencias de los megáfonos hicieran protesta frente a sus oficinas. Él es un representante demócrata que llevó al congreso de Pensilvania un proyecto de ley que instaura mínimos penales obligatorios. Sin embargo los detractores han brotado debajo de las piedras. Asumen que desde Philly EEUU busca regresar al liderazgo mundial de encarcelamientos.
Entre sus adversarios están miembros del Abolitionist Law Center. Junto a ellos alzan las voces integrantes del Working Families Party. De igual forma reacciona la Human Rights Coalition. Este hervidero fue asumido para su cobertura por WYHH Philadelphia. A las periodista Katie Meyer se le encargó la labor. Brown aseguró a WHYY que su idea intenta hacer frente a la epidemia de violencia armada en la ciudad.
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Sin embargo la iniciativa se ha transformado en un alacrán sobre su espalda en medio de un río crecido. Los compañeros demócratas que en principio la apoyaban lo han abandonado. Se le ha acusado de haber elaborado una ley republicana. Es más el proyecto de ley de Brown ya pasó por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Obtuvo el voto a favor de todos los republicanos del comité y el voto en contra de todos los demócratas. Jason Gottesman, portavoz del líder de la mayoría republicana en la Cámara, Kerry Benninghoff, confirmó que ahora está en pausa “a petición del patrocinador”.
Liderazgo mundial de encarcelamientos
WHYY describió al representante como lo que es. Amen Brown es un legislador estatal de primer año de Filadelfia. Sus motivaciones han nacido en la última ola de violencia armada que se vive el Filadelfia. “Es algo extraño para un progresista promover mínimos obligatorios”, escribió WYHH. “Quiero sentarme con gente que pueda hacer las cosas y que quiera resolver realmente este problema. Eso es lo que pensé que íbamos a hacer”, dijo Brown. “Pero en lugar de eso se organizan delante de mi despacho”.
El proyecto de ley de Brown crearía nuevos y amplios mínimos obligatorios para las personas con antecedentes penales que sean detenidas y condenadas por delitos relacionados con las armas de fuego. También permitiría que las personas con ciertos antecedentes sean detenidas sin fianza.
El representante de West Philly ha mantenido que está tratando de “iniciar una conversación”. Señaló que el gobernador demócrata Tom Wolf no firmará el proyecto de ley. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles dicen que el esfuerzo es contraproducente. “Puede ser el peor proyecto de ley de justicia penal que hemos visto”.
Varios estudios han demostrado que las sentencias mínimas obligatorias se aplican de forma desproporcionada a los negros. Las leyes de endurecimiento de las penas estuvieron de moda durante las oleadas de delincuencia de la década de 1970. No obstante muchas de las más duras entraron en vigor en la década de 1990. Los índices de delincuencia ya eran entonces significativamente más bajos. Sin embargo las nuevas normas impulsaron el ascenso de EEUU al liderazgo mundial de encarcelamientos.
En pausa pero aún vivo
La protesta contra el representante Amen Brown tiene una explicación. Es cierto que la iniciativa fue colocada en pausa a petición de él mismo. Sin embargo los peligros de una sanción de ley no se desvanecen.
Independientemente de los deseos del patrocinador, el líder de la mayoría tiene el poder de convocar. Es su potestad llamar a votación para cualquier proyecto de ley en cualquier momento. Cuando se le preguntó si Benninghoff tenía previsto actuar en contra de la petición de Brown, Gottesman dijo que “no iba a entrar en hipótesis”.
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El liderazgo mundial de encarcelamientos puede aún ser revivido en los Estados Unidos desde Filadelfia. Esa es una de las principales preocupaciones de los manifestantes frente a la oficina de Brown. Temen que pueda estar dando a los republicanos munición en su lucha por restaurar los mínimos penales obligatorios. Eso en la nación ya era cosa del pasado después de que el Tribunal Supremo del estado tumbara la legalidad de muchas de las sentencias en 2015. En la ocasión se siguió el precedente establecido en 2013 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
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