Uno de los oficios en los que más se ocupan los inmigrantes sin permiso de trabajo es el de limpieza de inmuebles, ya sean residenciales, comerciales o industriales. Así se ganan la vida miles de extranjeros en Florida, constituyendo una mano de obra primordial para el estado del sol. Pero ahora, el futuro de todas estas personas, trabajadores indocumentados, pende de un hilo debido a una ley migratoria recién aprobada en la región.
La normativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis persigue, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas. Y es que a partir de este jueves 1 de julio, las empresas con más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen contratar; omitir esa disposición y contratar a un inmigrante en situación irregular conllevará cuantiosas sanciones.
En el estado de Florida, con una población de unos 22,2 millones de habitantes, residen aproximadamente 772.000 migrantes indocumentados, de acuerdo con una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.
Muchos de estos inmigrantes trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como agricultura, construcción y hostelería. Por eso, impedir que lo sigan haciendo tendrá consecuencias económicas graves según la apreciación de Samuel Vílchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los inmigrantes en la economía.
Vílchez advierte que la nueva ley “ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer, además, va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida”.
Asimismo, según la ONG Florida Policy Institute, esta nueva legislación podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
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Antes de que ley entrara en vigor, y que la misma no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular, la incertidumbre creada por este cambio legal comenzó a tener consecuencias en los sitios de trabajo.
“En la compañía donde yo trabajo muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley”, dice un obrero de la construcción de 38 años quien solicitó el anonimato.
El gobernador DeSantis, defiende la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados, según él, a la llegada de inmigrantes indocumentados.
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