La policía en Pensilvania ahora tendrá la potestad de confiscar, destruir o vender vehículos todoterreno (ATV, por sus siglas en inglés) y motos para cross operados ilegalmente bajo una nueva ley aprobada por el gobernador Tom Wolf.
La legislación, firmada el miércoles 13 de julio, prohíbe a las personas que conducen vehículos todoterreno y motos para cross transitar por carreteras públicas, aceras y carriles para bicicletas.
“Hemos visto innumerables incidentes de propiedades destruidas, lesiones a los peatones y la trágica pérdida de vidas de espectadores inocentes debido a estas acciones imprudentes”, dijo el senador republicano Pat Browne, quien patrocinó el proyecto de ley, en un comunicado antes de la firma de Wolf.
Por su parte, el alcalde de Allentown (la tercera ciudad más grande de PA), Matt Tuerk, celebró la aprobación de la ordenanza por parte de Wolf. De acuerdo con la cuenta de Twitter de la ciudad, la ley entrará en vigor en dos meses.
Mayor Tuerk, along with local & state leaders, celebrated @GovernorTomWolf signing @SenatorBrowne's dirt bike legislation into law! It will make it easier for police to get illegal dirt bikes & ATVs off the streets and issue fines up to $300. The law will take effect in 60 days. pic.twitter.com/xcNuuqfzDb
— AllentownPA (@AllentownCityPA) July 14, 2022
El proyecto de ley crea un sistema escalonado de castigos para personas que atrapen conduciendo ilegalmente un vehículo todoterreno o una moto para cross.
Un primer delito viene con una multa de entre 50 y 200 dólares más los costos de enjuiciamiento o una sentencia de cárcel de no más de 10 días si una persona no puede pagar la multa o los costos. Un delito posterior estipula una multa de entre 100 y 300 dólares más los costos de enjuiciamiento o una sentencia de cárcel de no más de 30 días si una persona no tiene cómo pagar la multa o los costos.
Los oficiales de policía también podrán confiscar el vehículo o la moto mientras el caso va a los tribunales. Si una persona es condenada, los oficiales de policía podrán destruir los vehículos, venderlos o entregarlos a la Oficina del Fiscal de Distrito o al Fiscal General, que podría retenerlos para “uso oficial”.
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