Laura Virginia Fernández Delgado se convirtió el domingo 1 de febrero en la presidenta electa de Costa Rica tras una contundente victoria electoral que la proyecta como una de las figuras más influyentes del nuevo ciclo político regional. Con 39 años, politóloga de formación y referente de la derecha de línea dura, Fernández llegará al poder el próximo 8 de mayo con la promesa de imponer mano firme contra el narcotráfico y reformar el funcionamiento del Estado.
Con el 48,3% de los votos, según el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández superó por más de ocho puntos el umbral necesario para ganar en primera vuelta. Su principal rival, el socialdemócrata Álvaro Ramos, obtuvo el 33,4%. El resultado confirmó una ventaja que se mantuvo estable desde los primeros conteos y desató celebraciones del Partido Pueblo Soberano en San José y otras ciudades del país.
Fernández será la segunda mujer en gobernar Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014), y asumirá la conducción de un país de 5,2 millones de habitantes que durante décadas fue considerado uno de los más seguros del continente, pero que en los últimos años enfrenta un fuerte deterioro en materia de violencia criminal.
La seguridad fue el eje central de su campaña. Siete de cada diez homicidios están vinculados al narcotráfico y, durante el gobierno saliente de Rodrigo Chaves, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por cada 100.000 habitantes. En ese contexto, Fernández propuso aumentar penas, concluir la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión salvadoreña y aplicar estados de excepción en zonas marginales conflictivas, siguiendo parcialmente el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Sus propuestas, sin embargo, despertaron críticas de la oposición, que ve en su agenda un intento de concentrar poder y debilitar los contrapesos institucionales, especialmente al promover reformas al Poder Judicial. Bukele fue, de hecho, el primer mandatario extranjero en felicitarla tras conocerse el resultado electoral.
Un gobierno sin autoritarismo
En su discurso de victoria, Fernández evitó referirse directamente a la violencia criminal y buscó marcar distancia de las acusaciones de autoritarismo. Afirmó que “nunca” permitirá el autoritarismo, se definió como una “demócrata convencida” y “defensora de la libertad”, aunque lanzó duras críticas a la prensa, en una línea similar a la de su mentor político, el presidente Rodrigo Chaves, una figura popular y altamente polarizante.
“El cambio será profundo e irreversible”, advirtió la presidenta electa, sin detallar el alcance de las transformaciones anunciadas, y aseguró que cambiarán “ciertas reglas del juego político”. Para sus detractores, ese discurso refuerza la sospecha de que Chaves mantendrá influencia sobre el Ejecutivo y que Fernández podría allanar el camino para un eventual regreso suyo al poder, algo que la Constitución solo permite tras dos períodos.
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En el plano legislativo, el oficialismo obtendría alrededor de 30 de los 57 escaños del Congreso, una mayoría relevante pero insuficiente para impulsar reformas constitucionales. El desafío de Fernández será, además, gobernar un país con altos niveles de desigualdad; aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica se ubica entre los seis países más desiguales de América Latina y es el segundo más caro, detrás de Uruguay.
El triunfo de Fernández consolida el avance de la derecha en la región y abre una nueva etapa política en Costa Rica, marcada por expectativas de cambio, apoyos fervientes y una oposición alerta frente al rumbo institucional del país.
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