El tiroteo ocurrido el 24 de enero en Minneapolis, que terminó con la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, abatido por agentes federales, reavivó el histórico debate sobre el derecho a portar armas en Estados Unidos. El hecho se produjo en un contexto de protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump, lo que amplificó su impacto político y social.
Según informaron las autoridades, Pretti portaba un arma de fuego de manera legal al momento del altercado. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que el enfermero no tenía antecedentes penales. Sin embargo, el gobierno federal sostuvo que la presencia del arma justificó el uso letal de la fuerza por parte de los agentes desplegados en apoyo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que “el derecho del pueblo de poseer y portar armas no podrá ser infringido”, un principio reafirmado en múltiples fallos de la Corte Suprema, incluso en lo relativo al porte de armas en espacios públicos. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en 2023 casi un tercio de los estadounidenses declaró poseer un arma de fuego.
Tras la muerte de Pretti, el Departamento de Seguridad Nacional difundió en la red social X una imagen de una pistola que, según indicó, fue hallada en el lugar. Funcionarios del gobierno endurecieron el discurso. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que no se debe acudir armado a una manifestación, mientras que el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que una persona pacífica no llega a una protesta con un arma cargada y cargadores llenos.
Otras declaraciones fueron aún más contundentes. Greg Bovino, alto responsable de la patrulla fronteriza, señaló que el enfermero parecía querer causar el máximo daño, y el fiscal federal Bill Essayli advirtió que acercarse armado a las fuerzas del orden implica una alta probabilidad de recibir disparos justificados.
Gregory Bovino fue removido de su rol como “comandante general” de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y regresará a su antiguo trabajo en California, donde se espera que se retire pronto, informó The Atlantic, citando a un funcionario de Seguridad Nacional y dos personas con conocimiento del cambio.
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Estas posturas fueron rechazadas por organizaciones defensoras del derecho a portar armas. Gun Owners of America sostuvo que la Segunda Enmienda protege el porte durante protestas, mientras que la Asociación Nacional del Rifle calificó de peligrosas y falsas las afirmaciones oficiales. Desde la oposición, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó al Gobierno y cuestionó su compromiso con la Segunda Enmienda.
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