El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció un cambio significativo en sus procesos judiciales al retirar la solicitud de pena de muerte en los casos contra tres conocidos capos del narcotráfico mexicano: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.
La decisión fue comunicada mediante tres escritos firmados por el fiscal federal Joseph Nocella Jr., dirigidos a los jueces del Distrito Este de New York a cargo de cada caso. En los documentos, se señala que la fiscal general Pam Bondi autorizó no buscar la condena capital en estos procesos.
“El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte”, se lee en las misivas presentadas este martes.
En abril pasado, el DOJ había confirmado su intención de solicitar la pena de muerte para Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, quienes fueron extraditados desde México en febrero para enfrentar cargos por tráfico de drogas.
Caro Quintero, además, enfrenta acusaciones por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, uno de los casos más emblemáticos en la historia del narcotráfico entre México y EE.UU.
La extradición de ambos fue interpretada como una respuesta del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha exigido mayores resultados en la lucha bilateral contra el crimen organizado.
En el caso de Ismael Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, la fiscalía había considerado solicitar la pena capital por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.
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Zambada fue detenido en julio de 2024, tras arribar a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Según versiones difundidas por su defensa, habría sido trasladado bajo engaños. En febrero de este año, solicitó formalmente al gobierno mexicano su repatriación, en un intento por evitar la ejecución.
La decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. marca un nuevo giro en la estrategia judicial contra los capos del narcotráfico mexicano. La exclusión de la pena de muerte podría influir en la cooperación judicial entre ambos países, así como en las negociaciones de los imputados con las autoridades estadounidenses.
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