Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este 21 de agosto el desmantelamiento del centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en plena reserva natural de los Everglades, en Florida. La decisión, firmada por la magistrada Kathleen M. Williams, da a las autoridades un plazo máximo de 60 días para retirar todas las instalaciones levantadas en el área y suspende de inmediato el ingreso de nuevos detenidos.
La jueza argumentó que el proyecto incumplía la legislación federal al no contar con una evaluación de impacto ambiental, requisito obligatorio para construcciones en zonas protegidas. En su fallo, Williams señaló que las instalaciones provocaban “daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”.
El centro, instalado en un antiguo aeródromo dentro del ecosistema de los Everglades, había sido inaugurado el pasado 2 de julio tras ocho días de obras financiadas por el gobierno estatal de Ron DeSantis, en coordinación con la administración del expresidente Donald Trump. Las autoridades lo presentaban como un modelo para la expansión de centros de detención migratoria en el país.
Sin embargo, la iniciativa fue objeto de críticas desde su origen. Diversos grupos ecologistas, junto con la tribu indígena Miccosukee, presentaron una demanda en la que advertían que el complejo representaba un riesgo grave para la biodiversidad de la zona. La jueza les dio ahora la razón, al ordenar que se retiren vallas, generadores, alcantarillado y sistemas de iluminación que sostenían el funcionamiento del centro.
A las objeciones ambientales se sumaron denuncias sobre las condiciones de los internos. Abogados y activistas reportaron que los migrantes eran mantenidos en instalaciones sin acceso a la luz solar, con falta de higiene y sin atención médica adecuada. En declaraciones recogidas por la agencia AFP, un exdetenido aseguró incluso haber sufrido una paliza por parte de guardias tras protestar por el trato recibido.
El gobierno de Florida anunció de inmediato que apelará la resolución. No obstante, el fallo representa un nuevo revés para la administración de DeSantis, que en los últimos meses ha enfrentado varios bloqueos judiciales en su agenda migratoria. La propia jueza Williams ya había suspendido anteriormente una ley estatal que criminalizaba la entrada de migrantes indocumentados al estado, lo que provocó fuertes críticas del ejecutivo local.
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Con esta decisión, el futuro del “Alligator Alcatraz” queda sellado a menos que un tribunal superior revoque la medida en apelación. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales deberán preparar el cierre del centro y la reubicación de los migrantes aún detenidos en las instalaciones.