Una jueza aceptó cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
These cases, like all of the other cases I have been forced to go through, are empty and lawless, and should never have been brought. Over $100 Million Dollars of Taxpayer Dollars has been wasted in the Democrat Party’s fight against their Political Opponent, ME. Nothing like…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2024
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
La acusación contra Trump no ha cambiado”
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
El presidente electo es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden, que fue interrumpida el 6 de enero de 2021 por una turba de partidarios del expresidente.
También se le acusa de intentar despojar de su derecho al voto a los estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.
“Gran victoria”
El director de comunicaciones del magnate republicano, Steven Cheung, lo calificó de “gran victoria para el Estado de derecho”.
“El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren un fin inmediato a la politización de nuestro sistema judicial y esperamos unir a nuestro país”, afirmó Cheung en un comunicado.
En el caso de los documentos confidenciales, en Florida (sudeste), Smith invoca el mismo principio para renunciar a apelar la decisión de una jueza que ya lo había desestimado.
En este caso, uno de los cuatro procesos penales abiertos contra él, se le acusaba de poner en peligro la seguridad nacional al conservar documentos, incluidos planes militares e información sobre armas nucleares, en su mansión en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales.
Una vez en la Casa Blanca, Donald Trump podría nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Jack Smith o simplemente ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos contra él.
Trump se enfrenta a otros dos casos: uno en Nueva York y otro en Georgia.
En mayo fue condenado en Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016 con el fin de evitar que revelara una supuesta relación sexual.
El juez Juan Merchan ha pospuesto la sentencia mientras considera una solicitud de los abogados de Trump para que la condena sea anulada a la luz de una decisión de la Corte Suprema.
El máximo tribunal afirmó en julio que un presidente tiene amplia inmunidad en el ejercicio de sus funciones.
En Georgia, Trump se enfrenta a cargos de crimen organizado por presuntamente intentar alterar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.
El caso está empantanado y es muy probable que de todos modos quede entre paréntesis mientras Trump esté en el cargo debido a la política de no procesar a un presidente en funciones.
Por: AFP
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