Como “exagerada” calificó un juez de Kansas la Immigration and Nationality Act, una ley de 1952 que fue declarada inconstitucional, sentencia que anuló las condenas de procesados según un reporte emitido por la radiodifusora KCUR-FM.
La Ley de Inmigración y Ciudadanía, también conocida como el McCarran- Warren Bill, ha sido sometida a varias enmiendas desde su redacción en 1952 y en los últimos años ha sido golpeada con jurisprudencia, como la que se acaba de crear en el estado del oriente-medios estadounidenses donde se determinó que no es un delito “alentar” a migrantes a quedarse en EEUU.
El juez federal de distrito Carlos Murguia emitió su fallo el miércoles antes de anular las condenas de José Felipe Hernández Calvillo y Mauro Papalotzi, según un reporte de la radiodifusora KCUR-FM.
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Los fiscales aseguraron que ambos hombres, que se encontraban en el país sin autorización legal, administraron a grupos de trabajadores que instalaban paneles de yeso para una compañía en Lawrence, una ciudad ubicada en el condado de Douglas.
El magistrado proveniente de una familia de inmigrantes mexicanos y que ostenta un juzgado federal de distrito en Kansas, determinó que una ley que convierte en un delito “alentar” o “inducir” a inmigrantes no autorizados a que ingresen o vivan en Estados Unidos es anticonstitucional.
De acuerdo a la relación histórica de los hechos, después de ser condenados por conspirar con sus supervisores para violar la ley, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó en un caso similar que el alentar a los inmigrantes a permanecer en el país sin autorización legal, es parte de la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda.
Si bien el Noveno Circuito no tiene jurisdicción en Kansas, Murguia consideró que el argumento es persuasivo. En su fallo dijo que adoptaba “por completo” el análisis de la corte del Noveno Circuito y aceptó que la ley es “exagerada”.
Como antecedentes se tiene que hace tres años atrás, cuatro personas fueron acusadas de violar la ciatda ley, entre ellos el propietario de la compañía, y solamente se declararon culpables por delitos menores en 2017.
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La ley que fue aprobada por el Congreso en 1952, si es violada conllevan a una sentencia de hasta cinco años de prisión, y se pueden añadir otros cinco años si se considera que el acusado actuó para obtener una “ventaja comercial o ganancia económica privada”.
El abogado de Hernández Calvillo, Tom Bradshaw, declaró que “lo importante, aparte del asunto de la Primera Enmienda, es que el gobierno estaba usando esto para acusar a personas que no hicieron más que proveer un empleo a una persona indocumentada, ya sea que hayan tenido o no conocimiento directo de que la persona era indocumentada”.
“La ley requiere que cuando uno ‘alienta’ o ‘induce’, uno sepa que la persona estaba aquí sin autorización legal. Pero al gobierno eso no le había importado”, sostuvo Bradshaw.
A través de una comunicación vía email, un portavoz del fiscal federal para el distrito de Kansas, Jim Cross, dijo que su oficina “evalúa en este momento el fallo del juez” y no ha tomado una decisión respecto a su siguiente paso.
Según datos divulgados por la radiodifusora KCUR-FM, los dos hombres cuyas condenas anuló Murguia aún podrían ser deportados, si bien las autoridades no han iniciado los procesos de deportación en su contra. Bradshaw dijo que su cliente es padre de un hijo nacido en Estados Unidos y recientemente se graduó de secundaria.
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