Un juez dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump pudo incurrir en “desacato” al haber ignorado “deliberadamente” su prohibición de deportar migrantes bajo una ley de 1798.
Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.
“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez federal James Boasberg.
“En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa”, dijo Boasberg.
Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato”, añadió.
No obstante, el juez concedió de plazo al Ejecutivo hasta el 23 de abril para evitar un procedimiento de “desacato” y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.
La Casa Blanca reaccionó diciendo que recurrirá “inmediatamente” las conclusiones del magistrado.
“Fuera de control”
Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero” y lleva semanas de forcejeo con los tribunales, despotricó contra el magistrado en su plataforma Truth Social.
“Un juez falló en contra nuestra por 530.000 migrantes ilegales (…) diciendo que no pueden ser vistos como un grupo, sino que cada caso debe ser juzgado individualmente”, escribió, dando a entender que todos ellos son delincuentes.
“Eso tomaría aproximadamente 100 años. ¿Qué está pasando con nuestros tribunales? Están totalmente fuera de control”, añadió.
El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.
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El máximo tribunal consideró no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.
Pese a una serie de vistas judiciales los funcionarios de la administración Trump “no han proporcionado ninguna razón convincente” para evitar llegar a la conclusión de que “desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal”, insistió el magistrado.
Entre los deportados el 15 de marzo en virtud de esta ley usada hasta entonces solo en tiempos de guerra figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, pese a que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.
El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo”, pero insiste en su derecho a invocar la ley de enemigos extranjeros.
Cuenta con el respaldo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha puesto a su disposición una megacárcel para recluir a los deportados. A cambio, ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.
Trump dice que no está en sus manos traer de vuelta a Ábrego García y Bukele se alineó con él al afirmar el lunes en la Casa Blanca que tampoco tiene “el poder” de hacerlo.
“Deportado nuevamente”
El presidente republicano firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó nuevamente a Ábrego García de ser “un inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13 terrorista extranjera”.
Cuando fue detenido “vestía una sudadera con fajos de billetes que cubrían las orejas, la boca y los ojos de presidentes”, es decir “un conocido símbolo de la pandilla MS-13”, dijo en un acto con periodistas al que invitó a la madre de Rachel Morin, una joven asesinada en 2023.
Un jurado popular declaró culpable del asesinato y violación de la joven a otro migrante salvadoreño que había sido deportado tres veces.
Los demócratas se han solidarizado con Ábrego García.
El senador Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador, pero las autoridades no le dejaron reunirse ni hablar por teléfono con él.
Leavitt criticó el viaje y advirtió: “Si alguna vez acaba de regreso en Estados Unidos, sería deportado nuevamente de inmediato”.
En X el Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirma que la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, “solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él”, junto a un documento para demostrarlo.
Por: AFP
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