El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, solicitará formalmente un retraso del Brexit, previsto para el 31 de octubre, si no logra cerrar un acuerdo con la Unión Europea (UE) para el 19 de este mes, tras la cumbre prevista los días 17 y 18 con los líderes europeos.
Así lo revelan una serie de documentos oficiales presentados este viernes durante una vista en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que evalúa si el primer ministro, podría ser multado o incluso ir a la cárcel en caso de forzar un ‘brexit’ no negociado.
De acuerdo a lo publicado por Bloomberg, dichos documentos apuntan al compromiso del premier de remitir una carta para pedir la extensión formal del artículo 50 que supondría, sin duda, un giro en los acontecimientos, toda vez que Johnson ha asegurado hasta la fecha que o conseguía un acuerdo con la UE o la alternativa era una salida abrupta.
Esto supondría para Johnson acatar la ley que se aprobó el mes pasado en Westminster, por la cual los parlamentarios buscaron evitar un divorcio caótico. Según dicho texto, la prórroga era inevitable si no había acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para un Brexit duro antes del 19 de octubre.
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El tribunal de Escocia examina estos días una denuncia presentada por activistas contrarios al Brexit con el fin de lograr una orden judicial que asegure que Johnson se vea forzado a cumplir la ley.
El Gobierno, según documentos judiciales recogidos por la BBC, habría asumido su obligación de enviar la carta con la solicitud formal, algo a lo que Boris Johnson se ha negado en público.
El primer ministro y la UE han dado una semana para acordar un plan. Mientras ganan apoyo las propuestas de Johnson en casa, el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, aseguró en una reunión privada con diplomáticos europeos de alto nivel que el último plan británico sobre la frontera con Irlanda no cumple con sus condiciones para un acuerdo, según han revelado tres funcionarios de la UE.
Este miércoles, Johnson envió a Bruselas su nueva propuesta para el Brexit, que supondría que Irlanda del Norte se mantuviera alineada con las normas del mercado único tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero solo en la circulación de mercancías y de forma temporal.
Además, esa provincia británica en la isla de Irlanda saldría junto con el resto del Reino Unido del espacio aduanero de la UE, lo que involucraría la instalación de controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
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