La política de “tolerancia cero” de la Compañía de Jesús en el estado de Maryland, llevó a los jesuitas a publicar en su sitio web los nombres de sus ordenados que se han visto implicados en supuestos abusos sexuales a menores.
Quienes han sido calificados como los líderes intelectuales del catolicismo han dado un paso al frente al colgar una lista con miras a dar una rendición de cuentas a la comunidad y a caminar en pro de una relación más transparente de la orden.
Los nombres divulgados pertenecen a jesuitas tanto activos como fallecidos que como hermanos legos han servido en el estado de Maryland.
Los herederos de la impronta de San Ignacio de Loyola han colgado en Internet una lista donde aparecen los nombres de diecinueve religiosos que supuestamente cometieron los abusos, algunos de ellos fallecidos, y cinco sospechosos de haber perpetrado ese tipo de actos.
La institución por intermedio de un comunicado en su página web ha dicho que “hoy, la Provincia de Maryland de la Compañía de Jesús, está publicando los nombres de los Jesuitas de nuestra provincia, y otros jesuitas que han servido a la provincia, que han sido acusados creíblemente de abusos asexuales a menores desde 1950”.
En el listado aparece el cura de la Congregación Jesuita de Chile Jaime Guzmán, que trabajó en Pensilvania y Carolina del Norte entre 2004 y 2018.
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De acuerdo al escrutinio, el último caso de abusos registrado por la institución se remonta a 2002, mientras que el resto es de hace décadas.
Los misioneros de Maryland decidieron sacar ahora esta información porque “las recientes revelaciones sobre abusos sexuales a menores por curas están llevando al Pueblo de Dios a desear con razón una mayor rendición de cuentas por parte del liderazgo de la Iglesia”.
En consecuencia, precisa el comunicado, “estamos publicando esta información para proporcionar esa clase de transparencia. Vemos esta publicación como parte de nuestro compromiso ahora para evitar los abusos y esperamos que contribuirá al proceso para restaurar la verdad”.
Los jesuitas tienen un protocolo de actuación cuando reciben una denuncia de naturaleza abusiva practicada por un miembro de la orden. La institución, tan pronto como recibe notificación de algún supuesto abuso, se lo comunica a las autoridades de seguridad y, al mismo tiempo, abre pesquisas internas.
Acto seguido el implicado es apartado de sus funciones a la espera de que concluya la indagación, mientras que se ofrece “servicios pastorales y terapéuticos a las víctimas”.
Si se demuestran que las alegaciones son ciertas, el jesuita acusado es separado del “ministerio público y vive dentro de un Plan de Seguridad en un ambiente estrictamente vigilado no asociado a ninguna institución jesuita”, indicó la organización.
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