La Contraloría General de la República de Venezuela, en una nueva acción contra el sector opositor al régimen de Nicolás Maduro, inhabilitó este jueves a Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años.
El organismo, cuyo Contralor General fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no es reconocida por más de 50 países del mundo, resolvió “inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Guaidó por el período máximo establecido en la ley”, manifestó el contralor oficialista Elvis Amoroso, a través de la televisión gubernamental.
Amoroso acusó a Guaidó, reconocido como “presidente encargado” de Venezuela por más de 50 países, de “ocultar o falsear” datos de su declaración jurada de patrimonio, así como recibir dinero de instancias internacionales y nacionales “sin justificar”.
El régimen de Nicolás Maduro acusa a Guaidó de corrupción por los viajes que realizó el opositor en las últimas semanas. También de usurpar funciones públicas.
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“Ha realizado 91 viajes al exterior sin autorización de la AN por un monto de 570 millones de bolívares que no puede justificar con su salario de servidor público”, indicó Amoroso.
El funcionario chavista apuntó que el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, estuvo 248 días fuera del país.
“Se presume que falseó datos en su declaración y recibió dinero de instancias internacionales, sin notificar”, agregó el contralor Amoroso quien también acusó a Guaidó de haber “usurpado funciones públicas”.
“Ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela y al patrimonio nacional”.
El contralor adelantó que las autoridades chavistas seguirán investigando presuntos casos de corrupción y solicitó al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) que fiscalice los hoteles donde se hospedó el presidente interino.
La Contraloría había anunciado el pasado 11 de febrero la apertura de una investigación contra Guaidó por recibir financiamiento internacional. Tras el anuncio de Amoroso la entidad pidió a la Fiscalía que “ejerza las acciones correspondientes”.
La Contraloría es el ente que vigila la conducta de los servidores públicos del Estado en Venezuela y tiene facultad para sancionarlos con multas o inhabilitarlos.
En el marco de la persecución del régimen chavista contra la oposición, otros dirigentes, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles, también han sido objeto de medidas similares, lo que les ha impedido postular a cargos de elección popular.
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