Desde que los EE. UU, declararon la guerra al terrorismo, prometieron hacer uso de todos los medios para acabar con sus enemigos, es así que el gobierno con sede en Washington tiene como misión “salvaguardar a los militares estadounidenses y aliados, así como al personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para defender nuestra gran nación”.
En base a esta premisa donde el propio gobierno ofrece inmunidad a sus operadores en los frentes bélicos, los Estados Unidos ha revocado el visado de entrada de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de acuerdo a lo señalado por una fuente oficial de su oficina, en una escalada de la tensión entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.
Desde el inicio de la administración Trump, varios funcionarios a través del tiempo, precisaron que no tolerarían en la Corte Penal Internacional emprendiera investigaciones por delitos de lesa humanidad a sus militares en Afganistán.
Sobre el particular, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo públicamente que abriría averiguaciones en torno a ese evento, sin embargo a la fecha no se ha pronunciado en torno al caso.
A principios de 2018, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que “Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo”
La notificación a Bensouda confirma el anuncio hecho por el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, hace tres semanas, cuando dijo que prohibiría los visados de entrada al país de cualquier persona de la CPI implicada en la investigación de las violaciones de derechos humanos de estadounidenses en Afganistán o en otros lugares.
El titular de Exteriores remarcó que el Gobierno del presidente Donald Trump busca “proteger a los militares estadounidenses y aliados, así como al personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para defender nuestra gran nación”.
La fiscal de la CPI solicitó en noviembre de 2017 la apertura de una investigación formal en Afganistán por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos supuestamente por grupos talibanes, autoridades y tropas estadounidenses.
Desde ese momento la tensión entre Washington y el tribunal ha aumentado de forma progresiva, a pesar de que los jueces aún no se han pronunciado sobre si autorizarán la petición de Bensouda.
La fiscal jefe de la CPI viaja frecuentemente a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus avances en las investigaciones por crímenes cometidos en Libia y Sudán del Sur.
No obstante, la fuente de la Fiscalía aseguró que a pesar de la revocación del visado de Bensouda “la fiscal y su oficina continuarán asumiendo su deber legal con el mayor compromiso y profesionalidad, sin miedo ni favoritismos”.
Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
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