Un juez federal de Texas declaró ilegal un plan de la Administración Biden que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses. Esto ocurre cuando crece la preocupación por las amenazas de deportación del presidente electo Donald Trump.
Según una resolución emitida la semana pasada por el juez de distrito J. Campbell Barker, el gobierno de Joe Biden “carece de autoridad legal” para aplicar su programa “parole in place”, lo que significa un duro golpe a la política migratoria del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.
El plan de Biden, “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), fue puesto en marcha en junio con el objetivo de beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos.
Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en conjunto con un grupo de colegas republicanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. En aquella ocasión Paxton dijo que con dicho programa se estaba “recompensando” a quienes “violaron las leyes”.
“Se detiene el intento de la administración Biden de eludir las leyes de inmigración”, dijo por su parte en la red social X el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.
Mientras los demócratas buscaban un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump aseguró que Estados Unidos está sometido a una “invasión” y, tras vencer el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, reiteró su promesa de “deportaciones masivas” de inmigrantes irregulares.
El juez Campbell ya había acogido el pedido de Paxton y suspendido temporalmente el programa el pasado agosto. Una apelación lo reactivó pero el juez volvió a bloquearlo, hasta que el 7 de noviembre dio su veredicto final, que el gobierno de Biden podrá apelar.
El plan “Keeping Families Together” permite que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar Estados Unidos.
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Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Se les otorgaría una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en el país por hasta tres años mientras solicitan una “green card”. Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
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