Los habitantes de una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados de la línea limítrofe, se encuentran sometidos a un “feroz control” de grupos armados ilegales que operan con total impudicia y descaro según advirtió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de HRW.
El organismo presentó el informe “Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, que documenta los crímenes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de una disidencia de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
La población de la zona “está en una situación de indefensión total pues la ley y el orden lo imponen estos grupos ilegales que operan con una impunidad total”, dijo Vivanco en Bogotá al comentar las conclusiones del estudio.
HRW visitó en agosto de 2019 la zona de Arauca, en el este de Colombia, donde entrevistó a líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Con los testimonios, según el director regional del organismo, determinaron que la situación es pavorosa y la gente está aterrada pues los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar su vida cotidiana mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de niños, asesinatos y abuso sexual.
Te puede interesar:Colombia solicita a Cuba la extradición del jefe máximo del ELN
“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo porque las organizaciones criminales reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado, limpiando caminos o cocinando para ellos, generalmente en campamentos instalados en Venezuela”, afirmó Vivanco.
Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.
HRW sostiene que bajo ese régimen el año pasado 16 civiles fueron ejecutados y sus cuerpos hallados con carteles en los que los acusaban de ser “informantes, violadores, traficantes de drogas o ladrones”.
El organismo enfatizó en que los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera e incluso en Venezuela existe connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.
Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados los abusos siguen impunes, mientras en Venezuela la situación es peor porque las guerrillas parecen sentirse aún más libres para operar.
HRW mostró especial preocupación por los migrantes venezolanos que llegan a Arauca huyendo de la crisis en su país y que por ignorar las “reglas” de los grupos armados se cuentan entre las víctimas de asesinatos.
Entre enero y noviembre de 2019 la Policía de Colombia contabilizó 30 venezolanos asesinados en Arauca, muchos de ellos, según líderes comunitarios, por violar las “reglas”.
Además existen testimonios de venezolanas explotadas sexualmente, lo que HRW describe como una grave muestra de la trata de personas en la región.
Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.
Noticias Newswire
