Los colegios electorales deGuatemala abrieron este domingo sus puertas para celebrar la segunda vuelta, en la que más de 8 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su futuro presidente que sustituirá a Jimmy Morales, quien concluye su mandato de cuatro años en enero con la popularidad por los suelos y con un pedido de la fiscalía para investigarlo por corrupción.
Estos comicios ocurren en una campaña marcada por las acusaciones de corrupción y en medio de la conmoción causada por la firma de un acuerdo con Estados Unidos para que el país centroamericano de asilo a migrantes como “tercer país seguro”.
Esta elección se define en una segunda vuelta electoral entre la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei del partido Vamos.
Las elecciones presidenciales de Guatemala se llevaron a cabo el domingo 16 de junio, pero debido a que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta (+51%), el balotaje se celebra este domingo 11 de agosto de 2019 cuando se realizarán de forma simultánea elecciones legislativas, municipales y al Parlamento Centroamericano.
Según los más recientes encuestas, hasta ahora el favorito es Giammattei por un margen cercano a los siete puntos, según un estudio de opinión de la Fundación Libertad y Desarrollo y la firma CID Gallup. Sin embargo, estos sondeos registran más de un 20% de indecisos, lo que mantiene la incertidumbre.
Los dos candidatos centran sus discursos en atacar la arraigada corrupción, mejorar la educación y la salud, así como invertir en zonas más vulnerables para reducir la pobreza y evitar que guatemaltecos busquen el llamado “sueño americano”.
Los comicios han estado marcados por la preocupación de los guatemaltecos sobre el combate a la corrupción, ante la perspectiva de que una misión anti mafias de la ONU concluirá sus funciones en septiembre.
En 2015, un trabajo conjunto entre la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, provocó la renuncia y posterior arresto del entonces presidente, Otto Pérez, acusado de encabezar una estructura de evasión fiscal en aduanas.
El presidente Morales decidió frenar el trabajo de la misión luego de que la Cicig y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Los dos aspirantes presidenciales descartan retomar el trabajo de la Cicig, y para combatir la corrupción proponen crear fiscalías especiales con el apoyo de la comunidad internacional.
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