En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el Gobierno de México ha puesto cifras al horror de las fosas clandestinas en el país. La Administración de Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que se han encontrado 4.974 cuerpos en 3.024 fosas en los últimos 13 años y medio.
“Es un número dinámico que estamos revisando”, admitió la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en una conferencia de prensa junto al presidente. El Ejecutivo señaló a los Estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco son las regiones más golpeadas por esta crisis.
La última cifra que trascendió en relación con este tema, ocurrió a través de una investigación periodística que señalaba unos 2.884 cuerpos en 1.978 tumbas ilegales.
El Gobierno mexicano eligió este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para rendir cuentas respecto a este tema. “Es la primera vez que desde el Gobierno federal se lleva un seguimiento cotidiano”, aseguró Quintana quien señaló que los números han sido recopilados a partir de información de las fiscalías estatales y las organizaciones civiles que se dedican a buscar desaparecidos, según reseña el diario El País.
Además de los números generales, el Ejecutivo mexicano ha señalado que desde llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos. La mayoría fueron halladas en Colima, un pequeño Estado sobre la costa del Pacífico, y Veracruz, una de las entidades más marcadas por el crimen organizado.
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El Gobierno destacó que durante su gestión se han identificado 200 restos humanos de los cuales 116 se entregaron a sus familiares. “Este diagnóstico nos da mayor información para crear una política”, dijo la comisionada Quintana tras exponer los datos.
Durante el presente mes el drama de las fosas clandestinas ha abierto varios casos. El 9 de agosto la Fiscalía de Jalisco anunció el hallazgo de varias bolsas con restos humanos enterradas en el patio de una finca abandonada. Un día después, a unos 500 kilómetros, un colectivo de búsqueda encontró varias osamentas en un predio en el estado de San Luis Potosí.
El 24 de agosto una organización social reportó el descubrimiento de más de dos mil fragmentos de huesos de manos y pies al borde de un camino en Culiacán, capital de Sinaloa. Los huesos pertenecerían a unas 150 personas, incluyendo niños.
El Ejecutivo de López Obrador insistió en “el vuelco” que ha dado la política actual con respecto a los anteriores sexenios. Uno de los pasos fundamentales para diferenciarse de la Administración de Enrique Peña Nieto ha sido abrir las puertas a la inspección internacional.
“Se hará una invitación formal al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para el segundo semestre de 2020, una solicitud estaba pendiente desde 2013”, anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas quien agregó que “el Gobierno anterior se negó recurrentemente a dar la invitación, invisibilizando el problema”.
La política para localizar a personas desaparecidas en México tomó impulso con la llegada de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en febrero pasado. La apuesta del Ejecutivo, más allá de las cifras, ha sido la creación de una estrategia que incluye comisiones de búsqueda en cada Estado y un presupuesto de unos 8,5 millones de dólares.
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