La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dejó sin efecto un decreto que autorizaba a militares a participar en la preservación del orden público y los eximía de responsabilidad penal, puesto en vigencia durante los días de conflicto en el país suramericano y que dejaron 33 muertos.
“Hemos logrado la ansiada pacificación”, sostuvo Áñez en una breve comparecencia en el palacio de Gobierno en La Paz este jueves 28 de noviembre.
La mandataria provisional argumentó que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, fue un recurso constitucional tomado ante las acciones violentas que nunca antes se habían visto en la historia de Bolivia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, había calificado de “grave” el decreto, por desconocer los estándares internacionales de derechos humanos y por estimular la represión violenta, según sus propios términos.
La norma sostenía que los militares destinados al control público estaban “exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales” actuaran “en legítima defensa o en estado de necesidad”.
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Tras la anulación del decreto, Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas, “a nombre de la democracia, por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación”.
El gobierno provisorio activó ese mecanismo para aplacar las protestas sociales tras la renuncia y posterior exilio a México del expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre en las que había revalidado un cuarto mandato.
Esos comicios fueron anulados luego de que una auditoría de la OEA hallara “irregularidades” en el proceso.
El Congreso bicameral aprobó este jueves 28 de noviembre el reglamento que regirá la designación en un plazo de 20 días de los miembros del nuevo órgano electoral, quienes luego convocarán a elecciones generales en Bolivia.
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