El empresario Raúl Gorrín, propietario del canal televisivo Globovisión, quedó al descubierto tras la admisión de culpabilidad de dos venezolanos que en Estados Unidos que son procesados por lavado de dinero producto de la corrupción del chavismo.
Garrín logró embonar como pieza calve de la Fiscalía estadounidense para desmadejar una trama de legitimización de capitales proveniente de los ejes de corrupción del chavismo en Venezuela.
Actuó en combinación con el extesorero de Chávez, Alejandro Andrade y el para entonces propietario del Banco Peravia de Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray.
Todos se conjugaban en la ilegal tarea de introducir dinero ilegal en suelo norteamericano proveniente del peculado en Venezuela.
Tanto Alejandro Andrade como Gabriel Arturo Jiménez Aray se declararon culpables ante un juzgado en EE.UU.
La Justicia requiere la presencia de Gorrín en su suelo, a quien ha declarado como un prófugo.
La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade.
Las “dádivas” garantizaban los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.
Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.
La Fiscalía de los Estados Unidos halló un hilo para desmadejar un “tejido de corrupción” que implicó el uso de empresarios y funcionarios para “lavar dinero” proveniente del peculado del chavismo venezolano.
Raúl Gorrín, actual presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, era una pieza clave en la investigación, porque sirvió de puente para legitimar capitales venezolanos en territorio estadounidense.
Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta hoy en el Distrito Sur de Florida.
Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.
Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias.
Andrade, quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
La audiencia en la que se dictará sentencia a Andrade está programada para el próximo martes.
Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan.
Su sentencia será dictada el jueves de la próxima semana.
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