La vindicta pública de Pensilvania cree tener un patrón de investigación que podría llevar a la cárcel a algunos clérigos católicos involucrados en el escándalo de abusos sexual contra niños y así evadir “la protección” del estatuto de prescripción de delitos sexuales del estado.
La Fiscalía del segundo estado de la Unión recientemente logró colocar tras las rejas al ex sacerdote Robert L. Brennan, actualmente de 81 años de edad, quien fue acusado inicialmente de abuso en un informe del gran jurado de 2005 en el que se alegaba un comportamiento sexual o inapropiado con más de 20 niños desde finales de la década de 1980.
En la oportunidad no hubo privativa de libertad para el presunto pederasta, pero sí un arreglo que pagó la Arquidiócesis de Pensilvania, institución que solapó por años múltiples casos de perversión en los que estaban involucrados presbíteros con niños de la feligresía.
Ahora la Fiscalía desde Harrisburg alerta a otras dentro de la nación, para que se animen a revisar cuidadosamente la formalidad de los procedimientos, porque la detención de Bernnan, aunque no se produce directamente por un acto de estupro en particular, se concreta debido a que mintió al FBI sobre su relación con la familia de un acusador. Ahora enfrenta cuatro cargos por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales, según la acusación.
Los observadores legales han visto en estas grietas una solución y la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos abrió una investigación en las diócesis de Pensilvania para construir casos criminales contra los sacerdotes acusados con cargos que no puedan ser frustrados por el estatuto de limitaciones. Hacer declaraciones falsas se ajusta a la ley.
Encontrar una inconsistencia
En el caso de Brennan el perjurio lo llevará a la condena, con cargos que pueden palidecer en comparación con las acusaciones anteriores de abuso sexual. Sin embargo en su caso y en la mayoría de los que están soportados en el Informe Pensilvania, los sacerdotes están amparados por el laxo estatuto de prescripción de delitos sexuales contra menores de Pensilvania, debido a que muchos de esos cargos eran demasiado viejos para ser presentados ante el tribunal.
Según la acusación, las autoridades federales entrevistaron a Brennan en Maryland en abril por un asunto relacionado con el caso McIlmail. Las autoridades alegan que Brennan mintió a sabiendas al decir que, antes de las acusaciones penales y la demanda civil, no conocía a McIlmail, ni a tres miembros de su familia.
Se trata de una oportunidad que contra Brennan se abrió en 2012. Una de las presuntas víctimas, Sean McIlmail, aceptó presentar cargos contra el sacerdote.
El hombre dijo que su pastor comenzó a abusar sexualmente de él en 1993, en la entonces parroquia de Brennan en el noreste de Filadelfia, cuando sólo tenía 11 años. Pero McIlmail, que entonces tenía 26 años, murió de una sobredosis de drogas en Kensington días antes de la audiencia preliminar. La oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia cerró el caso.
El dolor y la impunidad están instalados en los hombres de ley y en la sociedad pensilvana y con el ejemplo de Robert L. Brennan tras las rejas, buscarán cómo llevar a prisión a otros sacerdotes pederastas que hayan dejado cabos sin atar que ley pueda usar para procesarlos.
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