Una coalición de 21 fiscales generales estatales demócratas presentó una demanda contra la Administración Trump por imponer restricciones al acceso de inmigrantes sin estatus legal a programas sociales financiados con fondos federales.
La demanda, liderada por la fiscal general de New York, Letitia James, impugna nuevas normas que limitan el acceso de inmigrantes indocumentados a programas comunitarios como Head Start (preescolar), clínicas de salud y educación para adultos. Aunque históricamente los inmigrantes sin autorización han tenido acceso limitado a beneficios individuales como cupones de alimentos o ayuda financiera universitaria, estas nuevas directrices amplían las restricciones a programas comunitarios tradicionalmente inclusivos.
James denunció que el Gobierno no cumplió con el debido proceso legal al implementar las nuevas reglas y no notificó adecuadamente los cambios a los estados receptores de fondos federales. “Este es un ataque infundado a programas públicos eficaces e inclusivos”, expresó.
Las restricciones anulan interpretaciones previas de las leyes federales que datan de la era Clinton y fueron impulsadas por los Departamentos de Salud, Educación, Trabajo y Justicia. La demanda advierte que exigir verificación del estatus migratorio podría resultar inviable para muchos programas, afectando también a ciudadanos estadounidenses que dependen de estos servicios.
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En el caso de Head Start, los proveedores afirman no contar con los recursos para verificar documentación migratoria. La demanda subraya que, de aplicarse estas exigencias, muchos programas pequeños podrían cerrar por no poder absorber los costos administrativos adicionales.
Los servicios de salud mental en escuelas, líneas de crisis y programas de tratamiento por adicción también se verían afectados por esta medida.
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