La Ciudad de Filadelfia se unió este viernes a una gran coalición de estados, ciudades y condados en la presentación de una demanda contra el presidente Donald Trump por intentar, una vez más, dejar ilegalmente a millones de personas fuera de la base de reparto que establece el número de miembros en la Cámara de Representantes que recibe cada estado.
La demanda, dirigida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tiene por objeto impedir que la administración Trump politice el censo y viole los mandamientos constitucionales básicos, y en cambio tiene por objeto garantizar que la administración cuente el “número total de personas” que residen en el país para el prorrateo, como lo exige inequívocamente la Constitución de los Estados Unidos.
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“Me complace que Filadelfia pueda unirse a tantas otras ciudades y estados en la búsqueda de detener este último y escandaloso esfuerzo del Presidente para dividir al país”, dijo el alcalde Kenney.
“El resultado del censo del 2020 es demasiado importante para permitir que tal movimiento no sea cuestionado. Una nación fundada por inmigrantes necesita contar sus inmigrantes. No pueden ser simplemente borrados a través de un juego de manos burocrático por una Casa Blanca que intenta subvertir la Constitución. Los fundadores de nuestro país declararon – y 200 años de práctica y precedentes judiciales y administrativos han afirmado – que no hay excepciones en la Constitución en cuanto al estatus de inmigración cuando se trata del censo. El censo cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos de América”, agregó Kenney.
La demanda fue presentada contra el presidente Trump, el Departamento de Comercio de los EE.UU., la Oficina del Censo de los EE.UU., el Secretario de Comercio Wilbur Ross, y el Director del Censo Steven Dillingham. Se unen a Filadelfia en la presentación de la demanda 21 fiscales generales, otras ocho ciudades, cuatro condados y una ciudad y condado combinados. La coalición argumenta que el reparto basado en un recuento de población que excluye ilegalmente a los inmigrantes indocumentados:
- Conducirá a la pérdida de escaños en el Congreso y de electores presidenciales en el Colegio Electoral.
- Desviar la división de los distritos electorales dentro de las jurisdicciones al perjudicar los esfuerzos de redistribución estatales y locales que se basan en el recuento del censo.
- Reducirán los fondos federales para las jurisdicciones estatales y locales al disuadir a los inmigrantes de responder al censo decenal que se está llevando a cabo actualmente.
- Degradar la calidad de los datos censales de los que dependen los estados y las jurisdicciones locales para desempeñar funciones gubernamentales críticas.
“Estamos defendiendo a nuestros residentes indocumentados y luchando a través del sistema legal contra este movimiento inconstitucional, cuidadosamente planeado para suprimir la participación en el censo, y crear miedo entre las comunidades de inmigrantes. Por favor, recuerde: usted cuenta en Filadelfia. No permitiremos que esta administración los borre a ustedes o a nuestras comunidades de inmigrantes indocumentados”, dijo Stephanie Reid, directora ejecutiva de Philly Counts 2020.
Motivo racial
La coalición también deja claro en la demanda de este viernes que las declaraciones públicas y las acciones del presidente Trump y su administración han establecido que la razón para excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de reparto siempre ha sido motivada por el ánimo racial contra los inmigrantes de color, y el deseo de frenar el poder político de los inmigrantes y las comunidades de color.
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Según la coalición, el memorando del presidente establece explícitamente que el objetivo de la Administración Trump es reducir la influencia política y la representación en el Congreso a las jurisdicciones con una mayor proporción de inmigrantes indocumentados. Además, el anuncio del presidente tiene la clara intención de promover el miedo y disuadir la participación en el censo de los inmigrantes y sus familias, ya que llega sólo unas semanas antes de que los encuestadores vayan al campo para animar a los hogares a responder al censo.
“Este fue otro intento de causar miedo y confusión en nuestras comunidades. Filadelfia protege y defiende a su comunidad inmigrante, y no toleramos las políticas xenófobas de la administración Trump. Este desafío legal es una prueba de nuestro compromiso con nuestros residentes indocumentados. Seguiremos siendo una ciudad acogedora que apoya a todos nuestros residentes inmigrantes -documentados o indocumentados- y a sus familias”, dijo Amy Eusebio, Directora de la Oficina de Asuntos del Inmigrante.
La coalición argumenta específicamente que la exclusión de los inmigrantes indocumentados de la base de reparto viola la Decimocuarta Enmienda; la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda; la Décima Enmienda; y la Ley de Procedimiento Administrativo, por ser ambas contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas. Además, esta exclusión entra en conflicto con un precedente reconocido desde hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo. El Fiscal General James y la coalición piden al tribunal que obligue al presidente y a su administración a cumplir su obligación de basar el reparto del Congreso en “el número total de personas de cada estado” y que les prohíba excluir a los inmigrantes indocumentados -o a cualquier otra persona- de la base de reparto.
Por: Redacción Agencias
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