Una jueza del Tribunal de Distrito Este de Pensilvania bloqueó los efectos de dos reglas dictadas por la administración Trump a los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), Tesorería y Trabajo, relacionadas con la protección de la conciencia para organizaciones e individuos vinculada con el mandato de anticoncepción del HHS.
Esta es la segunda oportunidad en que desde su estrado la magistrado Wendy Beetlestone logra los recursos legales para impedir que entren en vigor las exenciones adicionales para proteger a aquellos con objeciones religiosas a la distribución de anticonceptivos que activó el Jefe de la Casa Blanca en el año 2017.
En la “ciudad del amor fraterno” los empresarios no podrán ampararse en la exención y deberán permitir los seguros médicos que contengan planes que cubran control de la natalidad en mujeres de acuerdo como lo establece la Ley de Salud de los Estados Unidos.
Las normas de Trump, que entraban en vigor este 14 de enero, permiten a las empresas o organizaciones sin fines de lucro obtener exenciones a un requisito de la popularmente conocida ley Obamacare, para la cobertura de anticonceptivos por motivos morales o religiosos.
El auto de Beetlstone amplía a nivel federal el veto parcial dictado el domingo por el juez federal de California Haywood Gilliam sobre esta normativa en trece estados y el Distrito de Columbia.
En 2017 cuando la juez de Filadelfia emitió una orden judicial en todo el país que prohibió el cumplimiento de las regulaciones que permitían a los empleadores negarse a cubrir la anticoncepción en los planes de seguro, declaró: “Es difícil comprender una regla que haga más para socavar el mandato anticonceptivo o que se entrometa más en las vidas de las mujeres”.
Xavier Becerra, el fiscal general de California, quien encabeza a un total de 14 fiscales generales demócratas, solicitó recientemente una orden judicial para evitar que entrara en vigor en todo el país.
El juez federal de distrito Haywood Gilliam en Oakland emitió un recurso judicial preliminar contra las reglas finales para la nueva exención de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio el domingo, aunque lo limitó a Connecticut, Delaware, Hawai, Maryland, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Virginia que presentaron una demanda, un grupo que incluye a Illinois, más el Distrito de Columbia.
“El fallo judicial detiene otro intento de la administración Trump de pisotear el acceso de las mujeres a la atención reproductiva básica”, ha señalado Becerra en un comunicado.
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare, obliga a los empresarios a incluir los anticonceptivos en sus seguros sanitarios sin copago, aunque con exenciones para las instituciones religiosas.
En octubre de 2017, el gobierno de Trump anunció que ampliaría las exenciones existentes y agregó la “convicción moral” como base para optar por no sufragar las medidas de control de la natalidad. Los activistas cristianos conservadores y los republicanos del Congreso elogiaron la medida, mientras que los defensores de los derechos reproductivos y los demócratas la criticaron.
Gilliam considera que la exención de “convicciones morales” creada por el gobierno de Trump no implicaba las protecciones de la Constitución para la libertad religiosa y era “incoherente con el lenguaje y el propósito” del Obamacare.
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