En Florida, cada vez más familias migrantes indocumentadas optan por otorgar la tutela legal de sus hijos a personas de confianza ante el temor de ser detenidas y deportadas por las autoridades migratorias. La medida busca evitar que los menores queden desamparados si sus padres son arrestados de forma repentina.
Rosa, una guatemalteca de 32 años, se encontró sola con sus dos hijos luego de que su esposo fuera detenido por agentes migratorios mientras trabajaba en una obra de construcción. El arresto ocurrió en septiembre y el hombre fue trasladado a un centro de detención en Texas, donde permanece hasta ahora. Desde entonces, Rosa vive con el miedo constante de que a ella le ocurra lo mismo.
“Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos”, explica. La situación también afecta emocionalmente a los niños. “Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste”, relata.
Para prevenir un escenario más grave, Rosa decidió otorgar la tutela legal de sus hijos a Nora Sandigo, una activista radicada en Miami que desde hace años asiste a familias migrantes. Este tipo de poder notarial permite que un adulto designado pueda firmar documentos escolares, médicos o legales en nombre de los menores, sin que los padres pierdan la custodia.
El aumento de estos casos coincide con un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. De acuerdo con cifras oficiales publicadas este mes, más de 605.000 personas indocumentadas fueron deportadas desde enero, cuando el mandatario regresó a la Casa Blanca. En Florida, donde reside una amplia comunidad extranjera, las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción.
Sandigo, nicaragüense naturalizada estadounidense, comenzó hace 15 años a asumir la tutela de niños de familias migrantes a través de su fundación. Actualmente es tutora legal de cerca de 487 menores, aunque en total ha acompañado a más de 2.000. Algunos de ellos incluso vivieron con ella durante meses o años tras la deportación de sus padres.
Según la activista, el número de solicitudes “se ha incrementado de forma espectacular” en los últimos meses, una tendencia que también se observa en otros estados como California, Illinois y Vermont.
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El impacto emocional alcanza a los propios menores. Jessica, una adolescente de 14 años nacida en Estados Unidos, expresó su miedo ante la posible deportación de sus padres. “Si ellos se van, yo me voy con ellos”, dijo entre lágrimas.
Sandigo advierte que la actual política migratoria podría dejar secuelas psicológicas duraderas. “Amo a los niños y quiero servirles, pero no en estas circunstancias”, afirma.
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