Lydia Romero se esforzaba por escuchar la voz débil de su esposo al teléfono. Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de casa de sus familiares en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.
“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.
“No te puedo decir”, respondió él.
Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.
“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a KFF Health News.
Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.
Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en Los Ángeles, Minneapolis y Portland, Oregon —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.
Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.
“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.
Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.
Más detenidos hospitalizados
Peña es una de las más de 350.000 personas arrestadas por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.
El ICE ha recibido críticas por utilizar tácticas agresivas y mortales, y por reportes de maltrato y atención médica deficiente en sus centros de detención. El senador Adam Schiff, demócrata de California, dijo el 20 de enero, en una conferencia de prensa, frente a un centro de detención en California City, que habló con una mujer con diabetes detenida allí que no había recibido tratamiento en dos meses.
No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que 32 personas murieron bajo custodia migratoria en 2025.
En lo que va del año, han muerto seis más.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.
Según las propias directrices del ICE, las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.
La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas, cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.
Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.
David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.
Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.
Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.
Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.
El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.
Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es arrestar y deportar criminales, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse y varios medios de comunicación.
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Detenido delante de su casa
Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.
Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el sistema en línea para localizar detenidos del ICE. Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.
Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.
Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario. “Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.
Las directrices del ICE indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.
Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.
Familia sin acceso
Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.
Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.
Uno de esos clientes fue Bayron Rovidio Marín, trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.
En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de limitar el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.
“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.
Pacientes más vulnerables
Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.
“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.
Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a KFF Health News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.
Los procedimientos de apagón son otra preocupación.
“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.
En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una carta al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.
“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.
Esposado estando inconsciente
Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.
Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.
Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.
Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.
Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.
Por: Claudia Boyd-Barrett/ KFF Health News
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