El Gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos hasta el 3 de febrero de 2026, luego de que un juez federal bloqueara la intención de finalizar este beneficio migratorio, originalmente impulsada durante la Administración del presidente Donald Trump.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la protección que otorga permisos de trabajo y frena la deportación, estaba programada para expirar el 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal del Distrito Este de New York, se estableció que cualquier finalización del programa no podrá ser efectiva antes de febrero de 2026.
El TPS para Haití beneficia actualmente a más de 520.000 inmigrantes y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a las prolongadas crisis humanitarias, políticas y de seguridad que afectan al país caribeño, como el terremoto de 2010 y la creciente violencia de pandillas.
Pese a la extensión ordenada por la corte, el DHS expresó su desacuerdo con la decisión judicial. En un comunicado publicado en su sitio web, la agencia recordó que la Corte Suprema había sentado un precedente favorable a la revocación del TPS en mayo, al permitir a la administración Trump finalizar la protección para más de 300.000 venezolanos.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, había dispuesto en febrero de este año modificar el periodo de extensión concedido previamente por el expresidente Joe Biden, estableciendo el 3 de agosto como fecha de término formal, con un plazo de gracia hasta el 2 de septiembre. Durante ese periodo, alentó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente el país.
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El Ejecutivo estadounidense argumentó que la situación ambiental y humanitaria en Haití “ha mejorado lo suficiente” para justificar el fin del programa. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos migratorios y expertos en la región advierten que las condiciones en el país siguen siendo extremadamente precarias.
Además del TPS, los inmigrantes haitianos ya habían sido afectados anteriormente por la eliminación del “parole humanitario”, que otorgaba un estatus legal temporal a nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras una decisión del Tribunal Supremo que respaldó las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump.
El Gobierno aún no ha definido cómo responderá a la decisión judicial, aunque el DHS informó que está evaluando los pasos legales a seguir.
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