El director de la Policía Judicial DIJIN, general Gonzalo Ricardo Londoño, confirmó que el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) de Estados Unidos revocará 2.200 visas que se concedieron de forma fraudulenta desde Bogotá.
Esto con base en la investigación adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL o DIJIN y el DSS de Estados Unidos que permitió ubicar una red que se dedicaba a adulterar los perfiles de quienes hacían el trámite de visa ante la Embajada norteamericana.
La investigación que se adelantó durante el último año, permitió identificar que Sandra Viviana Toquica Mancera lideraba desde la capital colombiana una red dedicada al tráfico de migrantes.
La mujer junto a su hijo Cristián Alberto Toquica y Daniel Antonio Hamuch Cartagena se especializaron en facilitar la creación de perfiles falsos en la documentación que se acredita ante la embajada Norteamericana para el trámite de visa.
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“Fueron capturadas tres personas que se dedicaban a enviar de manera ilegal a migrantes colombianos hacia Estados Unidos a través de la creación de perfiles falsos. Ellos cobraban la suma de un millón de pesos para prepararlos para la entrevista, diligenciar todos los formularios y los acompañaban en todo el proceso”, explicó el general Londoño.
El oficial señaló que fue el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos el que prendió las alarmas sobre la situación y así se dio inició a la investigación que, entre otras cosas, permitió establecer que “Sandra Viviana llegó incluso a medicar antidepresivos a los aspirantes a obtener la visa para que estuvieran tranquilos durante la entrevista con el cónsul”.
Los capturados, que fueron judicializados por tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir, entrenaban a los aspirantes a la visa de tal modo, que pudieran exponer visitas anteriores a Norteamérica.
El director de la DIJIN señaló que las autoridades de Estados Unidos están analizando la figura jurídica para solicitar a los capturados en extradición a quienes un juez ordenó que fueran enviados a la cárcel.
“Unas agendas incautadas durante los allanamientos, que detallan cada actividad y los nombres de quienes habrían pagado por los servicios de la red, son fundamentales para el proceso que se adelanta en Colombia y en Estados Unidos”, afirmó el general Londoño.
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