Una corte española autorizó la extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, otrora jefe de contrainteligencia del finado ex presidente venezolano Hugo Chávez y con el actual mandatario, Nicolás Maduro.
En septiembre pasado la Audiencia Nacional española denegó la entrega al considerar que Estados Unidos la pedía “por una motivación política”, dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana, y reprochó a ese país que no había concretado los cargos que le imputaba. La Fiscalía recurrió esta primera decisión y el pleno de la Audiencia decidió este viernes 8 de noviembre aceptar la extradición.
Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el 12 de abril del presente año en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos, que le reclama por haber querido “inundar” ese país con toneladas de cocaína que introducía supuestamente en su territorio con ayuda ocasional de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Audiencia Nacional española celebró una vista el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas puesto que, según dijo en su momento su abogada, lo único que pretendía ese país era sacarle información sobre el gobierno de Chávez.
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Carvajal, que se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó, se sintió perseguido tanto en Estados Unidos como en Venezuela por el presidente Maduro de quien en una ocasión aseguró: “Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”.
Tras la vista, la Audiencia Nacional rechazó la extradición porque Estados Unidos solo se basaba en una declaración jurada de un miembro de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) que atribuía a Carvajal “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos”.
El tribunal español veía también motivaciones políticas en la petición de entrega, “dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela”. Estados Unidos le atribuye delitos de “narcoterrorismo” por ser parte de una “estrategia dirigida desde la Presidencia de la República” de Venezuela, con la cooperación de las extintas FARC, para introducir en Estados Unidos “grandes cantidades de cocaína”.
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