La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que es oposición en Nicaragua, no volverá a sentarse a dialogar con el gobierno de Daniel Ortega hasta que empiecen a cumplir los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo.
El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, habían convocado una reunión el martes entre Gobierno y oposición. Sin embargo, la Alianza Cívica rechazó participar porque el Gobierno no ha liberado a los manifestantes presos, ni tampoco ha logrado demostrar el restablecimiento de varios derechos constitucionales tal y como habían acordado las partes.
“Nosotros tenemos el interés de permanecer en la mesa de conversaciones, pero en este caso no podemos asistir, ya sabemos que el Gobierno hablará de planes para cumplir, pero no queremos seguir escuchando eso, lo que queremos es que cumpla”, dijo el representante en la mesa de negociación de la oposición Carlos Tünnermann, según declaraciones recogidas por el periódico El Nuevo Diario.
Al menos 325 personas han fallecido durante el año que dura ya el conflicto de acuerdo con datos de la OEA.
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A finales de marzo las partes firmaron un pacto denominado “acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, que consta de dieciocho puntos que incluyen autorizar la celebración de protestas, proteger la libertad de prensa y cesar las detenciones ilegales contra ciudadanos que se han protestado en contra del gobierno de Ortega.
A su vez, el mandatario prometió liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días con el fin de que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones que han impuesto contra su gobierno.
Aumento de la represión
Casi un mes después de cerrar dicho acuerdo la Alianza Cívica eleva la presión sobre el gobierno al exigir pruebas de que se está cumpliendo lo suscrito, ya que la oposición tiene dudas de que el pacto esté siendo implementado después de que durante la Semana Santa la policía reprimió violentamente una manifestación y detuvo a unas 160 personas.
Se calcula que unas 800 personas han sido detenidas en Nicaragua por participar en las protestas contrarias al gobierno de Ortega, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una ONG local.
Sin embargo Naciones Unidas estima en unas 400 personas el número de detenidos desde el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las protestas. Desde febrero el gobierno ha excarcelado a 236 opositores, no obstante la Alianza Cívica considera que no han sido liberados porque recibieron casa por cárcel, es decir, están en su hogar en vez de la prisión mientras los procesos judiciales contra ellos continúan.
El principal escollo entre el régimen de Ortega y la oposición continúa siendo un posible adelanto electoral.
La Alianza Cívica ha insistido en adelantar las elecciones previstas para 2021 y que ni Ortega ni su mujer, la vicepresidenta Murillo pudieran presentarse. Pero el gobierno considera este asunto una línea roja que hasta ahora no se ha mostrado dispuesto a cruzar.
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