La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos.
Con una participación de entre 12% y 13%, fueron elegidos 2.680 funcionarios, desde los ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos.
Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre una posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las inquietudes alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics.
La elección impulsada por el oficialismo de izquierda “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó un impacto económico, al señalar que la moneda se mantuvo estable y la inversión extranjera directa alcanzó 21.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
Ahora “no va a tener que estar soltando cantidades de dinero para obtener la resolución” de un caso, añadió, refiriéndose al sector privado.
Sheinbaum defendió que los 13 millones de mexicanos que votaron en las elecciones de jueces
La Suprema Corte fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
El tribunal bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y Sheinbaum acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera el 90% y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana. Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, lideran la votación.
Los comicios no requerían un mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza.
“Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
Sheinbaum defendió que los 13 millones de mexicanos que votaron son más representativos que los senadores que antes escogían a los ministros del Supremo de ternas enviadas por el gobierno.
Cerca de 13 millones de personas salieron a votar libremente por el nuevo Poder Judicial. Ayer fue una jornada electoral histórica.https://t.co/WKab6KOovE pic.twitter.com/P6KWN0MU7E
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 3, 2025
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma judicial no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico.
Pese a que los postulantes no debían tener antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”.
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Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, un sanguinario capo extraditado a Estados Unidos.
Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en ese país por tráfico de metanfetaminas.
Por: AFP