La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó al presidente Nayib Bukele que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
Los jueces constitucionales emitieron esta medida cautelar al admitir una demanda contra la convocatoria a una sesión extraordinaria hecha por Bukele a la Asamblea Legislativa, que desembocó en una intervención militar en el Congreso el domingo 9 de febrero.
Los jueces constitucionales también determinaron que queda suspendido cualquier efecto de la convocatoria del gabinete de Bukele.
La CSJ también ordenó al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, no obedecer órdenes distintas a las que “constitucionalmente y legalmente están obligados”.
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Esto sucedió luego de una jornada convulsa que incluyó la militarización del Parlamento bajo órdenes de Bukele quien reaccionó a través de las redes sociales y publicó: “El sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual…”.
El sistema se auto protege.
Y así, es como las cosas siguieron igual… https://t.co/I6eZDeHdg0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 10, 2020
La crisis que enfrenta a los poderes del Estado salvadoreño continuó luego de que el presidente del Congreso, Mario Ponce, calificara las acciones del domingo pasado como un “intento de golpe de Estado”, ante lo que protestó “enérgicamente”.
Ponce declaró a la prensa que los agentes “invadieron el Órgano Legislativo con armas de guerra” y que no podían “reaccionar al Ejecutivo teniendo una pistola en la frente”.
La @AsambleaSV rechaza y condena enérgicamente la invasión del #9F pic.twitter.com/J6G9sp0JCu
— Mario Ponce (@marioponcesv) February 10, 2020
Ante la situación, José Apolonio Tobar titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad fundada luego de la firma de los Acuerdos de Paz, hizo un llamado al diálogo y se ofreció como mediador entre los órganos enfrentados.
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