El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, prolongó el viernes la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros, al menos hasta 2027, para que la fiscalía presente las acusaciones con miras a la realización de unos 600 juicios masivos.
La medida es parte de una reforma a la Ley de Crimen Organizado aprobada 10 días antes de vencer el plazo que tenían las autoridades para tener presas a 88.750 personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, señaladas de ser pandilleros o cómplices.
Los 57 oficialistas, de una Asamblea Legislativa de 60 diputados, acordaron permitir a la Fiscalía General que presente las acusaciones en un plazo “de 24 meses”, aunque también incluye la posibilidad de que un juez le otorgue una prórroga de 12 meses.
Ante el plenario legislativo, el diputado oficialista Caleb Navarro justificó la reforma para garantizar que “los pandilleros nunca vuelvan a las calles”.
Bukele goza de popularidad por su “guerra” antipandillas, pero el régimen de excepción es criticado por oenegés locales e internacionales como Aministía Internacional y Human Rights Watch, que denuncian que en prisión han muerto 433 detenidos, que hay “miles de inocentes”, “torturas” y “abusos”.
“No defiendo pandillas ni criminales ni extorsionistas pero podríamos estar hablando de que el 40% (de los detenidos) son personas inocentes”, aseguró el diputado opositor Francisco Lira ante el plenario legislativo.
Juicios masivos
Bukele, a quien hace dos semanas el Congreso le dio vía libre a una reelección indefinida, asegura haber hecho del El Salvador el país más seguro del hemisferio occidental con el estado de excepción que permite detenciones sin orden de un juez y elimina normas del debido proceso.
El plazo que vencía el 25 de agosto correspondía a dos años dados a la Fiscalía para presentar las acusaciones, pero muchos están detenidos desde que empezó el régimen de excepción en marzo de 2022, en virtud de otras reformas parciales a la ley.
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Para presentar las acusaciones, la Fiscalía hará “el agrupamiento de imputados en una sola causa” por células de pandillas. Las principales son Barrio 18 y la Mara Savatrucha (MS-13), declarada organización terrorista por Estados Unidos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó el jueves que en los juicios -cuya fecha de inicio no precisó- los acusados serán agrupados también por delitos o por la zona donde operaban.
Según Navarro, 44 jueces expertos en crimen organizado dirimirán las causas, incluidos para los acusados menores de edad, que estarán acompañados de otros jueces que velarán por sus derechos pero sin incidir en la sentencia.
“¡Libertad para los inocentes!”
Este viernes unas 200 personas participaron en una protesta en San Salvador, organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), para pedir que se declare “inconstitucional” el régimen de excepción.
Al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “libertad para los inocentes”, los manifestantes pasaron frente a la Asamblea Legislativa en su marcha hasta la sede de la Corte Suprema.
Para Luis Tapia, abogado e investigador de la Fundación el Debido Proceso (con sede en Washington), con los juicios masivos no existe “la posibilidad” de revisar en forma individual pruebas para preparar una defensa que es una “garantía básica del debido proceso”.
“Estas reformas son un reflejo de la incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia en nuestro país, porque en más de dos años no han” investigado “bien los hechos”, opinó la legisladora opositora Claudia Ortiz.
De los 88.750 detenidos, unos 15.000, con tatuajes de la MS-13 y la Barrio 18 están presos en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), pero decenas de miles más están en prisiones de mediana y máxima seguridad en condiciones de hacinamiento, según las oenegés de derechos humanos.
Además, señalan, unos 8.000 que el gobierno asegura que han sido liberados aún continúan bajo vigilancia y proceso, de acuerdo con las onegés.
Por: AFP
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