Desde el pasado 21 de marzo hasta la actualidad más de 10 mil inmigrantes han sido expulsados de los Estados Unidos amparados en las medidas de emergencia pública saltándose los procedimientos habituales de las leyes migratorias.
Como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19, la administración del presidente Donald Trump, prescribió normas de emergencia adoptadas para evitar la propagación de la pandemia en la nación.
De acuerdo a un reporte de The Washignton Post desde la regulación al menos 10 mil inmigrantes han sido sacados del país en “deportaciones sumarias” o bajo la figura de “expulsiones simples” que están a contracorriente con las leyes del país.
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Sobre este tipo de comportamientos alertó recientemente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir “cambios represivos” que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia.
“Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión”, señaló, añadiendo que en algunos casos “la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia”.
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De acuerdo al diario capitalino la CBP tiene en estos momentos a menos de 100 personas bajo su custodia, cifra que contrasta con las casi 20.000 detenidas para esta mismo periodo del año pasado, cuando se desató lo que el Gobierno de Trump calificó como crisis fronteriza.
“Los que están indocumentados o no tienen documentos o autorización son rechazados”, dijo el comisionado interino de la CBP, Mark Morgan, citado por el diario.
Según estimó Morgan, las expulsiones rápidas han hecho retroceder en un 56 % los cruces hacia territorio estadounidense, lo que sitúa la inmigración irregular en su punto más bajo en décadas.
Las medidas también han cerrado las puertas a los solicitantes de asilo.
Estrategias agresivas
Morgan defendió que “no se trata de inmigración”, sino de salud pública y de “presentar estrategias agresivas de mitigación y contención”.
La catedrática de Derecho del Boston College Kari Hong consideró que lo que está sucediendo en este momento en la frontera “es una tragedia” y advirtió de que EE.UU. está abandonando su “compromiso legal de dar asilo a las personas cuyas vidas están en peligro en otros países”.
Para Paola Luisi, codirectora de la coalición Families Belong Together, la Administración Trump está “utilizando una pandemia mundial para avanzar en una agenda de supremacía blanca sin tener en cuenta el bienestar de los niños y las familias”.
El pasado 18 de marzo, Trump confirmó que negará la entrada a su país a todos los solicitantes de asilo debido a la crisis del coronavirus.
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La medida abarca tanto la frontera con México como la de Canadá y permite a las autoridades expulsar de EE.UU. a los inmigrantes indocumentados sin ningún periodo de detención ni el debido proceso.
Dos días después, el 20 de marzo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó de que su país recibirá a los migrantes centroamericanos que Estados Unidos decida devolver de inmediato a su territorio al rechazar su solicitud de asilo debido a la pandemia.
Observaciones de Bachelet
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que muchas de las medidas de emergencia tomadas en todo el planeta “son necesarias para responder esta emergencia de salud pública” en un momento en el que muchos gobiernos están tomando “decisiones muy difíciles”, reconoció.
Sin embargo, la actual situación excepcional “no es un cheque en blanco para olvidar las obligaciones con los derechos humanos”, afirmó Bachelet.
La alta comisionada insistió en que las medidas de emergencia deben ser “necesarias y proporcionadas”, y subrayó que debe informarse claramente a las poblaciones sobre su contenido y duración.
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