El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este viernes que cuando concluya la tramitación de la salida de su país de Unasur, propondrá el requisito de un visado a los venezolanos para garantizar una “migración ordenada y segura”.
“Tan pronto reciba información de la Corte Constitucional, propondré a la Asamblea Nacional dar urgente trámite a la renuncia del tratado de Unasur”, manifestó Moreno en un discurso a la nación en el Legislativo con motivo de los dos años de mandato.
El dirigente ecuatoriano añadió que una vez se produzca la salida efectiva de Ecuador del organismo de integración regional, “permitirá revisar la ley de movilidad humana y establecer una visa humanitaria que posibilite la migración (venezolana) ordenada y segura, según exige la ley”, según reseña la agencia EFE.
Moreno anunció en enero pasado que su país abandonaba la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), nacida en 2008 como un proyecto de carácter progresista impulsado por los regímenes de izquierda.
La denuncia del tratado constitutivo del organismo se encuentra en trámite legislativo, después de que la Corte Constitucional diera el visto bueno a la medida.
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Tras repasar su gestión en los últimos dos años el mandatario ecuatoriano se refirió a la situación en el país caribeño al afirmar que “uno de nuestros mayores retos es contribuir a la solución de la crisis en Venezuela”.
Calificó la crisis económica y política en esa nación como “un problema, no solamente regional, sino en una fuente de inestabilidad para varios países de la región”.
Afirmó que Ecuador es un país de migrantes y su pueblo es generoso y de “brazos abiertos”, pero aseguró que “no podemos ignorar lo que está pasando, lastimosamente ese régimen nos niega información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio”.
En agosto de 2018, y a raíz de un flujo masivo migratorio procedente de Venezuela, las autoridades ecuatorianas anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para ingresar en el país, cuando hasta entonces podían acceder al territorio ecuatoriano con una cédula de identidad en línea con los procedimientos de los países miembros de Unasur.
El Gobierno ecuatoriano suspendió esa medida tras el dictamen de una jueza que se pronunció en contra, pero anunció de acuerdo a un convenio interministerial que exigiría que los venezolanos sin pasaporte presentar un certificado legalizado o apostillado de sus documentos, emitido por una autoridad internacional o regional reconocida por Ecuador.
Y en enero pasado se sumó la decisión adoptada al calor de un crimen machista protagonizado por un venezolano, de que debían presentar adicionalmente los antecedentes penales de su país de origen o donde hayan residido en los últimos cinco años, requisito del que quedaban exentos menores, mayores de 65 años, con discapacidad o en una situación o estatus especial.
Todos esos requisitos de acceso quedaron en suspenso a raíz de la decisión de la Corte Constitucional que a finales de marzo admitió una acción de inconstitucionalidad y adoptó medidas provisionales suspendiendo dichos requisitos hasta la resolución definitiva del caso.
“A raíz de una medida cautelar, y la hemos respetado, se suspendió el requisito de pasado judicial para los hermanos y ciudadanos venezolanos”, recordó Moreno.
Pero justificó su decisión de adoptar nuevas medidas migratorias respecto a los venezolanos al indicar que “pasamos de 500 a 2.500 ingresos diarios” y que los que solían desplazarse con destino a Perú hoy se quedan en el territorio ecuatoriano al exigir el vecino país una visa.
“A la fecha cerca de 400.000 hermanos venezolanos se han asentado en Ecuador, nadie esperaba esa gran corriente migratoria en una cantidad que es superior a la migración de hermanos centroamericanos a los Estados Unidos en forma proporcional”, indicó Moreno.
Los últimos datos que habían ofrecido fuentes oficiales señalaban que entre 230.000 y 250.000 emigrantes venezolanos se encontraban en Ecuador, lo que representa el 1,3 por ciento del total de la población del país, el que alberga más refugiados en proporción a su extensión territorial y número de habitantes.
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