En el trayecto de 15 millas entre sus dos clínicas del Valle Central, el doctor J. Luis Bautista a menudo pasa a través de legiones de trabajadores agrícolas quienes, encorvados en los campos, recogen cebollas, melones y tomates.
La mayoría de las 30,000 visitas anuales que atiende su grupo de médicos y enfermeras en el pequeño consultorio en el centro de Fresno y en otro en la cercana ciudad rural de Sanger son estos trabajadores agrícolas. Muchos de ellos indocumentados.
El médico de 64 años tiene una visión personal de las luchas de estos trabajadores: una vez fue uno de ellos. Cuando era niño, recogía fruta junto a sus padres y nueve hermanos en el condado de Ventura. En ese entonces, la familia ganaba $4,000 al año, un poco más de $30,000 en dólares de hoy, rara vez lo suficiente para gastar en consultas médicas.
En estos días, Bautista ve que muchos trabajadores agrícolas todavía no tienen transporte, dinero o tiempo libre para tratarse lesiones, y mucho menos para buscar atención médica preventiva. Además, existe el temor creciente de quedar expuestos a las autoridades federales de inmigración si buscan tratamiento médico.
“En la escuela de medicina, me comprometí a ayudar a las personas en los campos agrícolas”, dijo Bautista. “Sé cómo se siente no tener nada, no tener dinero para ver a un médico”.
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Ahora los atiende, tengan o no dinero o papeles. “Nunca les decimos no a los pacientes”, dijo.
La campaña del presidente Donald Trump se comprometió a deportar a aproximadamente 11 millones de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos, y ha fomentado el temor entre los trabajadores agrícolas de todo el país. Aterrorizados de quedar atrapados en estas políticas de inmigración, los trabajadores agrícolas de todo el Valle de San Joaquín sin ciudadanía estadounidense o documentos oficiales evitan conducir para ver a un médico o visitar una sala de emergencias.
Aunque la ley de California limita estrictamente la cooperación del estado con las autoridades de inmigración, algunas jurisdicciones fuera del Valle Central han decidido participar en los esfuerzos federales para detener a trabajadores indocumentados. Aquí, muchos temen que los funcionarios locales se unan pronto a la campaña, dijo Bautista.
A los trabajadores agrícolas también les preocupa que la información personal que se archiva en los consultorios pueda llegar a las autoridades federales. Y algunos temen que, si se inscriben en programas para residentes de bajos ingresos, más tarde se les niegue la residencia permanente (tarjeta verde o green card), o la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump ha propuesto modificar una regla federal que haría más difícil para los inmigrantes legales obtener la residencia si han recibido ciertos beneficios públicos, incluidos cupones de alimentos, subsidios de vivienda y Medicaid, el programa de atención médica financiado por el gobierno para personas de bajos ingresos.
“Muchas personas no saben lo que hará el gobierno”, dijo Bautista. “Me dicen que una de las razones por las que no van al médico es por temor a que los denuncien”.
Las dos clínicas de Bautista ofrecen un refugio para los inmigrantes agobiados por estas preocupaciones. A los pacientes nunca se les pregunta sobre su estatus migratorio, y el personal ha establecido protocolos en caso que autoridades de inmigración allanen los consultorios.
“Me siento segura con él”, dijo Julia Rojas, una madre indocumentada de 45 años que ha recogido naranjas en el condado de Fresno durante dos décadas. “Es uno de los nuestros”.
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Bautista acepta como pago lo que sus pacientes puedan ofrecer: cebollas, llaveros hechos a mano, huevos, incluso pollos vivos.
Dan Baradat, abogado de lesiones personales de Fresno, quien ha manejado casos que involucran a trabajadores migrantes, dijo que las clínicas de Bautista son indispensables para los residentes más pobres del Valle Central. “Son personas confiables, que brindan atención a personas que de otra manera no podrían costearla”, dijo.
Las clínicas de Bautista forman parte de una red de clínicas comunitarias con apoyo federal que brindan atención a casi un millón de trabajadores agrícolas, inmigrantes y estacionales, y a sus familias, en los Estados Unidos. Sin embargo, pocos proveedores tienen una mejor conexión con la comunidad a la que sirven que Bautista, quien en 2013 fundó una organización sin fines de lucro que recauda dinero para ayudar a familias de bajos ingresos con alimentos y ropa, y otorga becas para enviar a sus hijos a la universidad.
Bautista nació en Fresno, pero fue deportado con sus padres cuando tenía solo 3 meses. Vivió en Mazatlán, México, hasta que regresó a los Estados Unidos a los 12 años.
En 1979, a los 24, estaba recogiendo limones cuando su madre llegó corriendo a los campos con la carta que decía que lo habían aceptado en la escuela de medicina. Ella siempre había luchado por la educación de sus 10 hijos.
Bautista fue al Medical College of Wisconsin en Milwaukee e hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Nevada-Reno.
Hoy en día, los dos hijos de Bautista también son médicos, al igual que su yerno, quien era trabajador agrícola antes de asistir a la escuela de medicina y se ha unido a la clínica. Todos saben que el temor a la deportación está afectando la salud de los trabajadores de los campos.
El doctor Ed Zuroweste, director médico y fundador de la entidad nacional Migrants Clinicians Network, dijo que una encuesta reciente de proveedores dentro de la organización subrayó estos temores.
“Lo que estamos viendo en el frente de batalla es que los trabajadores agrícolas y sus familias no asisten a sus citas regulares con la frecuencia de antes”, dijo.
Bautista dijo que muchos trabajadores agrícolas indocumentados dependen de los remedios caseros para tratar enfermedades como la diabetes y la hipertensión, muchas veces hasta que es demasiado tarde para un tratamiento médico efectivo. “Cuando veo a muchos pacientes diabéticos, sus pies ya están necróticos y tenemos que amputar”, dijo Bautista. “Es algo terrible de ver”.
José Jiménez, un ex trabajador agrícola, dijo que su padre, quien no está legalmente en este país, tenía demasiado miedo de conducir a la oficina de Bautista, incluso después de desarrollar signos de melanoma en la cara. Los temores de su padre aumentaron el año pasado luego de la muerte de una pareja indocumentada, padres de seis hijos, cuya camioneta volcó mientras huían de los oficiales de inmigración federales en las cercanías de Delano.
“Tenía hasta miedo de conducir al supermercado”, contó Jiménez, de 30 años. “Sabía que, si se lo llevaban, lo deportarían. Para una familia unida como la nuestra, eso significaría perder todo”. Pero Jiménez finalmente convenció a su padre para que visitara a Bautista.
Las clínicas de Bautista están en alerta contra los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos, conocidos en esta comunidad como “la migra”.
A los oficiales que solicitan registros se les pide una orden judicial, y los miembros del personal están atentos a intrusos. “Para cuando los oficiales de ICE entraran a la oficina”, dijo Bautista, “tendríamos gente escondida en los baños”.
Julia Rojas dijo que su miedo a la deportación casi la mata. Hace años, antes que empezara a ver a Bautista, decidió ignorar un dolor penetrante que sentía en la parte inferior de su abdomen. En Estados Unidos, sin papeles y con miedo de conducir, pasó casi un día bebiendo agua caliente con hojas de menta, un remedio que su madre usaba para el dolor de estómago en México.
Pero cuando los espasmos se volvieron insoportables, finalmente fue a la sala de emergencias más cercana, donde los médicos le extirparon la vesícula biliar. “Entre los trabajadores indocumentados en los campos, tenemos una broma siniestra”, dijo Rojas. “Aquí puedes sobrevivir. Pero no te enfermes”.
Por John M. Glionna / California Healthline
Esta historia fue producida por Kaiser Health News (KHN), que publica California Healthline, un servicio editorial independiente de la California Health Care Foundation. KHN no está afiliada con Kaiser Permanente.
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