Juntos, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Filadelfia, y estudiantes de derecho de la Universidad de Temple, elaboraron un informe en el que se describieron las condiciones inhumanas, punitivas y peligrosas que se viven en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley. , un lugar de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Clearfield, Pensilvania.
Erika Guadalupe Núñez, directora Ejecutiva de Juntos, aseguró que el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley es una instalación “plagada de violaciones masivas de derechos humanos”, al tiempo que agregó que las personas detenidas por ICE en Filadelfia con mayor frecuencia son enviadas a este lugar.
El lugar de procesamiento de inmigrantes es el más grande del noreste del estado, con una capacidad para 1.876 personas. Anteriormente era una cárcel federal y reabrió sus puertas como centro de detención de ICE en 2021. GEO Group, Inc., una empresa privada, opera en este lugar y en más de una docena de otros ubicados en todo el país.
El informe, titulado “A la sombra del valle”, describe tres áreas de abuso: maltrato físico y psicológico; barreras a la justicia, incluyendo la falta de representación legal; y problemas de salud y bienestar.
De los 77 inmigrantes entrevistados para el informe en la primavera y el verano de 2023, más de la mitad manifestaron tener problemas médicos o de salud mental, y el 50% aseguró haber sufrido maltrato general por parte del personal de las instalaciones.
Además, más del 30% precisamente haber sido objeto de insultos raciales o despectivos, y el 6% haber sido víctima de fuerza física.
Visitas al centro, testimonios y solicitudes de registros públicos
Los autores, entre los que se encuentran las estudiantes de derecho Cristina de Arana; Alejandra Leona; Bianca Taipe; y la profesora supervisora, Jennifer Lee; recopilaron información de visitas al lugar, testimonios de detenidos anteriores y actuales y solicitudes de registros públicos.
Más allá de mejorar las condiciones en el centro, Lee enfatizó que el informe también plantea preguntas sobre por qué existe el centro de detención, especialmente cuando muchas de las personas detenidas tienen casos en curso que aún no se han decidido.
“Se trata de un centro que retiene a personas con multas civiles. No cumple ningún tipo de condena penal. Se supone que no es un castigo según la ley. Sin embargo, están excluidos en algo que básicamente es una prisión”.
Lee detalló que el gobierno federal paga a GEO Group aproximadamente 3,4 millones de dólares al mes para operar el centro. “La corporación recibe honorarios adicionales por cada persona detenida, además de una tarifa fija de 2,8 millones de dólares al mes”.
La docente indicó que hay otras formas de garantizar que las personas se presenten a sus procedimientos judiciales de inmigración y sean procesadas a través del sistema de inmigración. “Existen muchas alternativas comunitarias comprobadas”.
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Pennsylvania y organizaciones comunitarias, entre ellas Juntos, Milpa, Casa San José, Make the Road PA, New Sanctuary Movement, VietLead, entre otras, coordinaron visitas al lugar y realizaron entrevistas con personas que estuvieron detenidas en el centro.
Las Clínicas de Derecho Transnacional y Justicia Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania y la Clínica de Asistencia Legal para Trabajadores Agrícolas de la Facultad de Derecho de Villanova también brindaron apoyo.
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