El gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó el arresto de casi 20.000 migrantes indocumentados en los últimos nueve meses durante su último discurso del Estado del Estado ante el Congreso estatal, en el que defendió el liderazgo de su administración en la agenda antiinmigrante de Estados Unidos.
DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027 tras ocho años al frente del gobierno estatal, enumeró entre sus principales logros la prohibición de las “ciudades santuario” y la implementación obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten a las autoridades locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales migratorias. Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó el gobernador.
Florida y la política migratoria en EE.UU.
El mandatario republicano, quien fue aspirante presidencial en 2024, ha sostenido en reiteradas ocasiones que Florida ha liderado la aplicación de la política migratoria durante la actual Administración del presidente Donald Trump.
Bajo su mandato, el estado aprobó la ley SB 4-C, considerada una de las legislaciones estatales más estrictas del país, al convertir en delito estatal la entrada de inmigrantes indocumentados a Florida.
Centros de detención y críticas de organizaciones civiles
Organizaciones de derechos civiles han acusado al gobierno estatal de promover un modelo de detención migratoria que podría replicarse en otros estados, tras la apertura en 2025 de centros como “Alligator Alcatraz”, al oeste de Miami, y “Deportation Deport”, en el norte de Florida, cuyos nombres han sido señalados como una estrategia de marketing político.
Nuevas reformas contra la inmigración ilegal
DeSantis adelantó que el Congreso de Florida, que inicia su nuevo periodo de sesiones, analiza reformas para “desincentivar aún más la inmigración ilegal”.
Entre las iniciativas en discusión destacan:
Multas a empleadores que ignoren el estatus migratorio de sus trabajadores.
Cargos criminales para quienes contraten a más de 50 empleados indocumentados.
Restricciones para que inmigrantes sin estatus legal no puedan acceder a préstamos ni enviar remesas.
La creación de una “presunción de culpabilidad” para migrantes involucrados en accidentes de tránsito.
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Las propuestas han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso y a los derechos civiles.
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