Organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron una demanda contra el estado de Florida por una nueva ley que exige a los votantes presentar documentación que pruebe su ciudadanía estadounidense. La medida, respaldada por el gobernador Ron DeSantis, ha generado preocupación por su posible impacto en el acceso al voto, especialmente de cara a las elecciones de medio término de 2026.
La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, UnidosUS y Latino Justice. Los demandantes sostienen que la normativa discrimina a diversos sectores de la población, incluidos ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
La ley, aprobada en marzo por la legislatura estatal, establece que los votantes deberán presentar documentos como pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de naturalización, licencia de conducir con requisito REAL ID o identificación militar. Sin embargo, excluye otros documentos comunes como identificaciones estudiantiles o de asistencia pública.
Según la demanda, esta exigencia afectaría de manera desproporcionada a inmigrantes naturalizados, personas de bajos ingresos, adultos mayores y mujeres que han cambiado su apellido tras el matrimonio. También impactaría a comunidades latinas y rurales, donde el acceso a documentos oficiales puede ser más limitado.
Diversas organizaciones han advertido sobre la magnitud del problema. El grupo Voto Latino estima que cerca de 146 millones de estadounidenses no cuentan con un pasaporte vigente, mientras que unos 21 millones no tienen acceso inmediato a documentos como certificados de nacimiento o naturalización.
Caren Short, directora legal de la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos, calificó la medida como basada en “desinformación” y alertó sobre sus posibles consecuencias. En la misma línea, Amy Keith, de Common Cause Florida, advirtió que miles de ciudadanos podrían quedar excluidos del padrón electoral si no logran obtener la documentación requerida.
La legislación estatal se produce en un contexto nacional marcado por el impulso del presidente Donald Trump a la propuesta federal conocida como “Save America Act”, que busca endurecer los requisitos de identificación para votar en todo el país. Trump ha sostenido reiteradamente, sin pruebas concluyentes, que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.
Las elecciones del 3 de noviembre
Aunque la ley de Florida no entrará en vigor hasta 2027, el debate se intensifica en un momento clave: las elecciones de mitad de mandato programadas para el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y 35 de los 100 del Senado de los Estados Unidos, configurando el 120.º Congreso del país.
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Además, se celebrarán elecciones para gobernador en 39 estados y territorios, así como contiendas para fiscales generales, legislaturas estatales y numerosos cargos locales. Estos comicios suelen ser determinantes para el equilibrio de poder en Washington y para la implementación de políticas públicas a nivel nacional y estatal.
Históricamente, las elecciones de medio término han servido como un referéndum sobre la administración en el poder, con una participación menor que en las presidenciales pero con un impacto significativo en la agenda legislativa. En este contexto, cualquier cambio en las reglas electorales puede influir en la participación y, potencialmente, en los resultados.
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